Por: Wilson Benavides Vásquez, analista político
Operaciones psicológicas le llaman en la milicia a una serie de estrategias de persuasión destinadas a inclinar la opinión mayoritaria de la gente hacia una causa, un líder o un “enemigo común”. Generalmente, se emplean con mayor facilidad en sociedades con altos niveles de polarización, escasa credibilidad institucional y una esfera pública basada en el rumor.
El caso del ex policía, Germán Cáceres, presunto femicida de su esposa, detenido el 30 de diciembre en la costa caribe colombiana, y el relato de la narcopolítica difundido por el gobierno ecuatoriano previo a los comicios seccionales de febrero, son, al parecer dos ejemplos de este tipo de acciones.
El pretender justificar a través de una campaña en redes sociales un crimen atroz como el cometido contra María Belén Bernal al interior de la Escuela Superior de Policía de Quito es simplemente inaudito, pero busca en el fondo centrar exclusivamente la atención en el ahora ex oficial quien se convierte en el “enemigo común” de los ecuatorianos, pero con eso, se omite de manera deliberada a los otros implicados, muchos de ellos, altos oficiales, quienes continúan en servicio activo, liderando esa institución.
¿Cómo es posible que por un crimen al interior de un recinto policial no existan más responsables que la cadete detenida, un oficial de bajo rango y el propio Cáceres?, más aún cuando eso sucedió en unas instalaciones vigiladas las 24 horas y donde cada uno de sus integrantes actúan según órdenes superiores.
En ningún sentido quiero defender al ex oficial ni justificar bajo ningún concepto su presunta participación material en el crimen de su esposa, sino denunciar el distractor que está en marcha y al que varias figuras públicas han plegado a través de sus cuentas de redes sociales. Lo que se trata entonces es de revelar a los implicados en el femicidio de la abogada Bernal y eso pasa por exigir respuestas de las acciones u omisiones de todo el mando institucional, que paradójicamente se mantiene en el cargo.
Las declaraciones del ministro Zapata de que gracias a que la cúpula policial no fue removida Cáceres fue capturado, caen en el cinismo y la desvergüenza, toda vez que es de conocimiento público la inacción de la policía ecuatoriana, según las declaraciones de la madre de la abogada asesinada, que fueron desmentidas por la Policía a través de una rueda de prensa.
Lo mismo que sucede en el caso Bernal ocurre con el relato de la narcopolítica pero con un objetivo distinto. Si en el primero, lo que se busca es distraer el foco de atención del mando institucional centrándolo en el “enemigo común” de Cáceres; en el segundo, en cambio, la intención es movilizar a la ciudadanía en torno a una “causa”: la lucha contra el narcotráfico, embanderada por un “líder”: el presidente Lasso.
Lo clave en este segundo relato es que con esa causa y bajo la conducción de ese liderazgo, la operación pretende; por un lado, relacionar a varios candidatos de la oposición con el narcotráfico para restarles apoyo ciudadano o bloquear su participación desde el ámbito institucional; pero por otro, también busca generar adhesiones a la consulta popular y referéndum promovidos por el Ejecutivo, donde se preguntará al pueblo si está o no de acuerdo con la extradición de ecuatorianos vinculados al crimen organizado.
Este relato se ha posicionado desde la primera semana de diciembre de 2022 luego de unas declaraciones públicas del propio jefe de Estado, que fueron ratificadas a mediados de ese mes por el ministro Zapata y el comandante de Policía, Fausto Salinas, y reiteradas nuevamente por el primer mandatario los últimos días del año. Para completar este “encuadre”, el Frente Parlamentario Anticorrupción, liderado por el alfil del régimen en la Asamblea Nacional, anunció que denunciará ante la Fiscalía a varios candidatos a prefectos y alcaldes supuestamente vinculados con el narcotráfico, varios de ellos auspiciados por partidos de la oposición.
Este tipo de operaciones también se ejecutaron durante los paros nacionales de octubre de 2019 durante el gobierno de Lenin Moreno y junio de 2022 en la actual administración, donde en ambos casos se intentó construir un relato de “defensa de la democracia” y construcción del “enemigo interno”: la CONAIE. Remontándonos más de una década, lo mismo sucedió con el 30S en 2010 y sobre lo cual se ha escrito mucho desde varias perspectivas.
Es en este contexto, en el que Ecuador inaugura políticamente el 2023. ¡Bienvenidos todos!
La opinión de Wilson Benavides.
