La Corte Constitucional convocó al presidente Guillermo Lasso y al superintendente de Compañías, Marco López, para participar en una audiencia pública que analizará el decreto de Ley de Reestructuración Empresarial o ley de quiebras. La audiencia, que se llevará a cabo el 20 de julio de 2023, discutirá los alcances y efectos de esta nueva propuesta.
La jueza Daniela Salazar, representante de la Corte Constitucional, convocó tanto al Mandatario como al Superintendente López para que expongan sus argumentos sobre la Ley de Reestructuración Empresarial.
Esta nueva propuesta, que fue presentada por el Gobierno el pasado 7 de julio, pretende establecer un marco legal para la reestructuración financiera de las empresas que enfrentan dificultades de liquidez pero que aún tienen viabilidad económica.
“Esta propuesta contribuirá a mantener una economía saludable, fomentar la inversión, proteger a los acreedores y preservar los empleos. En esencia, busca viabilizar la subsistencia de estas compañías promoviendo acuerdos preconcursales y procesos formales de reestructuración eficientes”, señaló Lasso.
La propuesta legal determina que, las empresas dejarían de pagar temporalmente sus préstamos a instituciones financieras. Sin embargo, las obligaciones laborales y los salarios no serán afectados y serán consideradas acreencias preferenciales dentro del proceso concursal.
También establece que, los trabajadores deben ser incluidos en el proceso de reestructuración de la empresa, incluso si no están mencionados en la solicitud de reestructuración presentada ante la Superintendencia de Compañías.
Sin embargo, si los trabajadores se niegan a participar en las negociaciones o las abandonan a medio camino, perderán su derecho a ser considerados en el acuerdo de pago alcanzado por la empresa con sus acreedores. Además, no podrán emprender acciones legales contra la compañía deudora hasta que finalice el período de ejecución del concordato o de reestructuración.
