La asambleísta Gissela Garzón, presidenta de la Comisión Ocasional para tratar el Proyecto de Reforma Parcial a la Constitución sobre Bases Extranjeras en el país, explicó al programa A Primera Hora, que se transmite por Radio Armónica y Primera Plana, que un posible referéndum sobre este tema no coincidiría con las elecciones de febrero de 2025.
Garzón reiteró que, de acuerdo a los plazos legales establecidos para el trámite de la iniciativa, “es imposible que coincida con la primera vuelta electoral del 9 de febrero del próximo año y muy poco probable que sea antes de la segunda vuelta prevista para el 13 de abril”.
“La norma dice que, desde que avocamos conocimiento, tenemos 60 días para el primer debate y 90 para el segundo. y una vez que la Asamblea defina, hay 45 días más para un llamado a las urnas”, recordó.
Por ahora -mencionó- solicitamos a los comisionados que envíen sus aportes sobre comparecientes para armar el cronograma que se debe aprobar en la siguiente sesión.
La funcionaria explicó que el artículo 5 de la Constitución refiere que: “Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”; y la propuesta del presidente Daniel Noboa es que ese fragmento quede solamente en “Ecuador es un territorio de Paz”, especificó.
En este sentido, Garzón señaló que es importante el aporte de especialistas constitucionalistas que expliquen cómo funcionaría ese cambio en la norma como tal, porque al final de la Carta Magna hay todo un capítulo que establece la no injerencia en otros territorios y la libre determinación de los pueblos.
Para la asambleísta es importante aclarar que la posible aprobación de este texto no significaría una solución inmediata de la situación de inseguridad en el país.
El pasado 30 de octubre, la Asamblea Nacional conformó la Comisión Especializada Ocasional para tratar la reforma constitucional propuesta por el mandatario Noboa, luego de que la Corte Constitucional diera el visto bueno a la iniciativa del jefe del Ejecutivo.
El 1 de abril de 1999 Ecuador y Estados Unidos firmaron un “compromiso interino” para facilitar el acceso y uso de las instalaciones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta para controlar el tráfico de drogas.
Durante la administración del expresidente Rafael Correa (2007-2017), el acuerdo entre ambos países culminó con el cierre de la base norteamericana de Manta, en 2009.
Este hecho marcó un hito en la postura ecuatoriana frente a la influencia militar extranjera, alineándose con una tendencia de mayor independencia en la región.
Analistas también coinciden en que, con la presencia de uniformados de otros países no necesariamente se podrá controlar la crisis de seguridad existente en Ecuador.