La legisladora por la bancada Unión por la Esperanza (UNES) e integrante de la Comisión de Garantías Constitucionales, Paola Cabezas, rechazó la postura de varios sectores en torno a llamar a la familia del presidente. Así, recordó que el artículo 4 de la Ley de Aplicación de la Consulta Popular del 19 de febrero de 2017 establece los lineamientos de las prohibiciones de los candidatos que posean bienes en paraísos fiscales.
En ese tema, resaltó que el artículo no solo rige para el dignatario, sino que también abarca a los cónyuges y los hijos. “El país requiere transparencia. Quien decide involucrar en este hecho a la familia del presidente, es el mismo presidente. La ley de pacto ético establece que se puede hacer una investigación a través de los familiares”, enfatizó la legisladora.
“Es importante, dentro de la transparencia, que el político cuide a su familia, si tú tomas la decisión de involucrar a tu familia, hay daños colaterales”, añadió Cabezas. Así mismo, recordó el caso INA Papers en el que están involucradas las hijas del expresidente Lenín Moreno.
Proceso de investigación
Cabezas informó que, después de establecer el cronograma de la investigación que llevarán a cabo, ahora corresponde recibir las comparecencias. Así, adelantó que el primer paso consistirá en contextualizar el fenómeno de los off shore. Entonces, para entenderlo, recibirán comparecencias de la academia y de expertos. Pero, también recibirán a instituciones públicas que aporten información al respecto. Ese es el caso de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Superintendencia de Bancos, el Servicio de Rentas Internas, la Fiscalía General del Estado, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral.
En el caso del SRI, Cabezas destacó que, tras deshacerse de sus bienes en paraísos fiscales, el presidente debió pagar los impuestos correspondientes. “La investigación de los periodistas establece a empresas y fideicomisos que no están en el radar de la mirada ecuatoriana”, indicó la legisladora.
El informe correspondiente, dijo la asambleísta, estará listo en los próximos 30 días.
