Tras las pugnas entre el Ejecutivo y el Legislativo, Esteban Ron, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), explicó que, debido a que ya existe un Plan de Desarrollo, la Asamblea Nacional ya puede llamar a muerte cruzada. Sin embargo, enfatizó que, en ese caso, el gobierno tiene las de perder.
Para Ron, la credibilidad de la Asamblea Nacional es tan baja que a la ciudadanía no le va a afectar si hay cambio de autoridades. No sucede lo mismo en el caso del primer mandatario, a quien los ecuatorianos le apostaron y, sin embargo, está realizando acciones que le afecta a la ciudadanía.
Sobre el proyecto de Ley Creando Oportunidades
El académico reiteró que no existe un hilo conductor con respecto al proyecto de Ley Creando Oportunidades, iniciativa del Ejecutivo. Así mismo, explicó que, de remitirse a la Corte Constitucional (CC), la misma ratificará la postura del Consejo de Administración Legislativa (CAL). El organismo devolvió el proyecto debido a que, además de las reformas económicas, existían reformas en otras materias.
En esa misma línea, Ron resaltó que el proyecto no puede ingresar por el ministerio de la ley. Por el contrario, si el Ejecutivo acude a ese recurso, “lloverán las demandas de inconstitucionalidad”. “Esta CC nos da cierta seguridad jurídica, no actúa políticamente”, destacó.
El discurso del presidente
Tras las reacciones del presidente Guillermo Lasso en las fiestas de Guayaquil, Ron indicó que no se sabe a dónde quiere ir con el proyecto de ley. Así, señaló que mientras en la sesión solemne dio un discurso sobre el proyecto, en Monte Sinaí afirmó que el Legislativo está obstruyendo. “Hay desconfianza en el proyecto de ley y en el órgano que debe aprobarla, la asamblea”, aseguró Ron sobre la postura de la ciudadanía.
Sobre el tema de los Pandora Papers, el jurista explicó que el organismo que debe realizar las primeras investigaciones es la Asamblea Nacional y, tras encontrar responsabilidad penal, remitirlo a la justicia. Además, de existir un delito de evasión y elusión, la Fiscalía tendrá que actuar porque se trata de un delito tributario.
