La vicepresidenta Verónica Abad anunció este lunes, 2 de diciembre, que revisará medidas como el alza del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en caso de ser encargada en la Presidencia de la República, durante la licencia para la campaña electoral del mandatario Daniel Noboa.
«Si ustedes me dicen que está bien que haya subido los tres puntos del IVA para alivianarnos, pues dejemos, sin embargo, eso no está ocurriendo. Las victorias que ellos (el Ejecutivo) dicen que han logrado, nosotros no lo vemos como pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, por supuesto que lo voy a revisar (…) eliminaría el IVA o volvería a reactivar el subsidio a los combustibles, eso que quede claro», reafirmó Abad en declaraciones al canal Ecuavisa.
La vicemandataria indicó que se encuentra a la espera del fallo tras la audiencia de acción de protección que tuvo lugar este viernes, 29 de noviembre, con la cual busca revertir su suspensión laboral por 150 días, sin derecho a salario, medida impuesta por el Ministerio del Trabajo a través de un sumario administrativo.
«Tenemos que estar muy atentos los ecuatorianos para el 9 de diciembre, fecha fijada para la continuación de la audiencia. Espero firmemente que la jueza (Nubia Vera) no esté siendo presionada y tenga el suficiente coraje de actuar en derecho y con la verdad», dijo Abad.
Asimismo, reiteró que durante la audiencia de protección, el delegado de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, «no pudo sustentar la base legal para aplicar la sanción en su contra».
«Creo que al pueblo ecuatoriano le quedó muy claro que este es un gobierno que miente, y esas mentiras quedaron develadas en esa audiencia. Es indignante ver cómo pueden construir un país a base de mentiras», manifestó.
Según Abad, «la razón y el origen del hostigamiento en su contra, tiene el único fin de provocar su renuncia».
La vicemandataria fue sometida a un proceso sancionatorio con el argumento de que demoró su traslado desde Tel Aviv, donde cumplía la función de «Embajadora por la Paz», hasta Ankara (Turquía), lo cual ha rechazado al señalar que, según la legislación vigente le concede un mes para cumplir la orden presidencial.
El viernes pasado, los abogados de la vicepresidenta, Damián Armijos y Dominique Dávila, cuestionaron la competencia del Ministerio del Trabajo «para imponer una sanción a una autoridad de elección popular» y plantearon dejar sin efecto la sanción impuesta por esa cartera de Estado, así como el archivo del sumario administrativo y, como medida de reparación, una disculpa pública en cadena nacional.
