Las provincias amazónicas de Napo, Orellana y Sucumbíos quedaron incomunicadas este lunes, 9 de diciembre, debido a la toma de Baeza (vía que conecta a esos territorios con la Sierra Norte), durante el séptimo día de protestas contra la construcción de una cárcel de máxima seguridad en el cantón Archidona.
Las manifestaciones se han agudizado esta jornada y los pobladores de esa zona han advertido que no se detendrán hasta que el Ejecutivo desista de construir ese centro de detención.
Este sábado, 7 de diciembre, la gobernadora de Napo, Marlene Cabrera, renunció en medio de las jornadas de protestas y horas más tarde el Gobierno Nacional a Gary Rivadeneyra Olalla como nuevo Gobernador de esa provincia.
El nuevo Gobernador aclaró que, a pesar de la oposición unánime al proyecto, la construcción de la cárcel no se detendrá y que se planteará mecanismos de diálogos sin la necesidad del cierre de vías.
El sector productivo de la provincia también exige que se tomen medidas urgentes porque no hay turismo y por los reclamos los negocios locales han tenido que cerrar.
Mientras tanto, las autoridades locales respaldan el reclamo de las organizaciones sociales y de los diferentes gremios, mientras exigen al nuevo Gobernador que se instalen las mesas de trabajo para explicar los puntos de oposición al proyecto carcelario.
La alcaldesa de Archidona, Amada Grefa, explicó anteriormente que el rechazo de la comunidad se debe a la cercanía de varias escuelas al sitio donde se construirá la cárcel y al impacto que podría ocasionar en esa municipalidad que se sostiene básicamente de los ingresos del turismo.
También la legisladora por la provincia de Napo, Sandra Rueda, alertó a través de su perfil en X que el proyecto ‘afectará la seguridad de alrededor de 4.000 menores de edad que asisten a escuelas cercanas a la zona donde se edificará la megacárcel’.
El proyecto del nuevo centro de detención tendrá una inversión de 52 millones de dólares y es parte del plan para el mejoramiento de la seguridad en el país, según el Ejecutivo.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) abrió la pasada semana el proceso de contratación de una empresa que se encargue de la edificación del centro penitenciario y realizará la adjudicación este lunes 9 de diciembre.
Actualmente, el Gobierno Nacional levanta otra prisión de máxima seguridad en la provincia de Santa Elena (sur), con capacidad para 800 reclusos y a un costo de 52 millones de dólares.
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