Durante la mañana del 28 de septiembre, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) reportó un amotinamiento en el Centro de Privación de Libertad (CPL) de Guayaquil. Según los reportes, al menos 30 personas fueron asesinadas en el enfrentamiento.
El jurista Ramiro Aguilar agregó que también existen ocho decapitados y más de 50 heridos. Frente a ese escenario, recomendó que el SNAI plantee la necesidad de construir un centro penitenciario de alta seguridad. Pero, también señaló que el gobierno no debe reducir el presupuesto destinado a esta área. “En el país se está librando una guerra entre bandas criminales e intereses del narcotráfico internacional”, alertó el jurista.
Ante ese escenario, agregó que los enfrentamientos no son solo a lo interno de las cárceles, sino que también se traducen en conflictos callejeros. “Las cárceles afectan a la seguridad interna del país”, recordó.
Para Aguilar, los enfrentamientos demuestran que Ecuador avanza “a pasos rápidos a convertirse en un narcoestado”. Por ello, dijo que es urgente que el tema carcelario se lo reconozca. Pero, también, dijo que es prioritario que se reconozca que el narcotráfico ha penetrado a la Policía, a la organización estatal y a la política.
En ese mismo marco, explicó que actualmente el Ecuador ya cuenta con una industria del sicariato, pero las autoridades no tienen conocimiento ni manejan inteligencia al respecto. Por ejemplo, señaló que no se han esclarecido las muertes de Patricio “El Cholo” Mendoza, exasambleísta; del talento de televisión Efraín Ruales; del abogado Harrison Salcedo; y de, incluso, el líder de la banda de los Choneros, Alias ‘Rasquiña’.
Con esos antecedentes, Aguilar mencionó que la función de Fausto Cobo al frente del SNAI fue intrascendente. Así, puntualizó que en 66 días no se puede valorar la gestión del mismo.
Ley Creando Oportunidades
Para Aguilar, la Ley laboral que remitió el Ejecutivo “es una barbaridad”. Sin embargo, dijo no estar claro de la postura que tomen los legisladores.
“La corrupción es sistémica, ya no hay ideología ni posición política”, lamentó el jurista.
En ese mismo ámbito, criticó que miembros de Izquierda Democrática afirmen que la ley debe pasar al pleno para mejorarla. “¿Cómo pueden mejorar un proyecto que no tiene menor sentido ni en lo laboral ni en lo económico?”, preguntó.
Así mismo, mencionó que aunque Pachakutik sea un partido político de izquierda, ve como algunos legisladores buscan componendas desde el Ejecutivo para permitir que la ley pase al pleno.
“En la dicotomía del correísmo y anticorreísmo, al anticorreísta se le perdona todo, incluso la corrupción, incluso la sinvergüencería política y la inconsistencia ideológica”, reprochó.
