La Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes informó este sábado, 21 de diciembre, que inició un proceso de fiscalización al Ministerio de Defensa, para obtener respuestas sobre la participación y el procedimiento de los miembros de las Fuerzas Armadas en la desaparición de cuatro menores en Guayaquil.
A través de su perfil en X, esa mesa de trabajo legislativa detalló que realizó un requerimiento de información dirigido al titular de esa cartera de Estado, Gian Carlo Loffredo, para que brinde detalles sobre la intervención militar es este caso y sobre las gestiones que se están desarrollando para esclarecer los hechos.
“En el marco de esa situación, este lunes 23 de diciembre, el Pleno de la Asamblea Nacional exigirá respuestas a los titulares del Ministerio de Defensa, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Aérea Ecuatoriana”, reveló un comunicado.
Esta tarde, la Fiscalía General del Estado remitió el caso a la Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza, con sede en Quito, para “garantizar una investigación imparcial y técnica, que se enfoque en la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de los estándares de justicia en casos de alto impacto donde se presume el involucramiento de agentes estatales”.
La institución judicial aclaró que esta unidad, se encarga específicamente de investigar infracciones presumiblemente cometidas por agentes estatales que involucren hechos como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y otros delitos conexos que puedan ser tipificados inicialmente de manera distinta.
“En este contexto, cuando un caso inicia como secuestro, pero durante el desarrollo de la investigación emergen indicios claros que señalan la posible participación de agentes del Estado, el caso debe ser retipificado y trasladado al conocimiento de esta unidad especializada nacional”, especificó un comunicado.
Los adolescentes de entre 11 y 15 años desaparecieron el 8 de diciembre en el sector de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, en un supuesto operativo militar.
Los jóvenes fueron identificados como Josué e Ismael Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina.
El caso ha conmocionado al país luego de conocerse las denuncias en las redes sociales, lo cual motivó el pronunciamiento de varios actores políticos y organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos que exigen al gobierno investigar el paradero de los menores.
El Comité de Derechos Humanos de Guayaquil también presentó una demanda ante la justicia nacional y solicitó una acción urgente al Comité de Desapariciones de la ONU ante el paradero desconocido de cuatro menores tras un presunto operativo militar en la zona.
