A través de su red social X, el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil convocó a un plantón que tendrá lugar este lunes, 23 de diciembre, ante la sede de la Fiscalía de La Merced, para exigir la búsqueda de los cuatro menores desaparecidos en esa urbe costera.
Otro plantón tendrá lugar en la sede de la Fiscalía General del Estado, en Quito, previsto para las 15h00 de mañana.
Este sábado, el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil presentó una demanda ante la justicia nacional y solicitó una acción urgente al Comité de Desapariciones de la ONU ante el paradero desconocido de cuatro menores tras un presunto operativo militar.
No obstante, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo atribuyó la desaparición de cuatro menores a grupos delincuenciales y rechazó la vinculación de las Fuerzas Armadas con los hechos “para debilitar el trabajo de las fuerzas del orden”.
“Rechazamos y condenamos que esta dolorosa situación se ha utilizado con intereses políticos y que se maneje una narrativa que pretende vincular a las fuerzas armadas con grupos delincuenciales para debilitar el trabajo de nuestras fuerzas del orden, generar el caos, desmoralizar la lucha que se viene dando y maliciosamente hacer que la ciudadanía censure a una institución que está enfrentando al narcotráfico el crimen organizado y a las mafias que lo protegen”, reiteró.
De igual manera, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, anunció la noche de este sábado, la conformación de un Tribunal de Disciplina Militar para determinar responsabilidades dentro las leyes y reglamentos militares, tras la desaparición de cuatro menores en Guayaquil, un hecho que ha conmocionado al país.
Acompañado por el alto mando policial y miembros del Ejecutivo, en un video difundido en redes sociales y donde las autoridades se dirigieron a los ecuatorianos, Vela aseguró que la institución militar “no encubrirá ningún hecho y no interferirá en las investigaciones”.
“Respecto de presuntos abusos de la fuerza pública, las Fuerzas Armadas no van a interferir en las investigaciones, ni va a encubrir hecho alguno”, aseguró.
Vela también descartó la supuesta participación de los militares en la desaparición de los menores.
Entre tanto, la Fiscalía General del Estado anunció que remitió el caso a la Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza, con sede en Quito, para “garantizar una investigación imparcial y técnica, que se enfoque en la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de los estándares de justicia en casos de alto impacto donde se presume el involucramiento de agentes estatales”.
La institución judicial aclaró que esta unidad, se encarga específicamente de investigar infracciones presumiblemente cometidas por agentes estatales que involucren hechos como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y otros delitos conexos que puedan ser tipificados inicialmente de manera distinta.
Mientras, la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes informó que inició un proceso de fiscalización al Ministerio de Defensa, para obtener respuestas sobre la participación y el procedimiento de los miembros de las Fuerzas Armadas en la desaparición de cuatro menores en Guayaquil.
A través de su perfil en X, esa mesa de trabajo legislativa detalló que realizó un requerimiento de información dirigido al titular de esa cartera de Estado, Gian Carlo Loffredo, para que brinde detalles sobre la intervención militar es este caso y sobre las gestiones que se están desarrollando para esclarecer los hechos.
“En el marco de esa situación, este lunes 23 de diciembre, el Pleno de la Asamblea Nacional exigirá respuestas a los titulares del Ministerio de Defensa, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Aérea Ecuatoriana”, reveló un comunicado.
Los adolescentes de entre 11 y 15 años desaparecieron el 8 de diciembre en el sector de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, en un supuesto operativo militar.
Los jóvenes fueron identificados como Josué e Ismael Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina.
El caso ha conmocionado al país luego de conocerse las denuncias en las redes sociales, lo cual motivó el pronunciamiento de varios actores políticos y organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos que exigen al gobierno investigar el paradero de los menores.
