El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos convocó a un plantón este 31 de diciembre para “acompañar a las familias de los cuatro menores desaparecidos” durante la audiencia de formulación de cargos contra los 16 militares involucrados en el caso.
Josué Arroyo (14 años), Ismael Arroyo (15 años), Saúl Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años) fueron vistos por última vez el pasado 8 de diciembre, mientras eran detenidos por uniformados en Guayaquil.
La defensa de las familias de los menores dio a conocer que exigirá prisión preventiva para los militares procesados en la audiencia de este martes, que iniciará a las 10:00 (hora local) en el Complejo Judicial Valdivia, será reservada.
Este lunes, 30 de diciembre, durante la comparecencia del alto mando militar este lunes, 30 de diciembre, ante la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, calificó como un “malhadado incidente” lo ocurrido con los cuatro menores desaparecidos desde el pasado 8 de diciembre en Las Malvinas, Guayaquil.
Ante las declaraciones de Vela, el abogado de los familiares de los cuatro menores, Fernando Bastias, recordó que este caso “no es un incidente, sino una desaparición forzada, declarada por una jueza constitucional”, dijo.
“Esto no es un incidente, es una clara violación a los derechos humanos contra cuatro niños, es una desaparición forzada, no es un incidente”, reiteró Bastias.
Entre tanto, el comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Celiano Cevallos, confirmó que fueron militares quienes realizaron la detención y que lo menores “estarían involucrados en un robo”, señaló.
“No existió un operativo militar específico para la aprehensión de los cuatro adolescentes en La Malvinas, la detención fue durante el retorno de la patrulla al haber cumplido con una operación asignada”, especificó.
Por su parte, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, señaló que la patrulla que aprehendió a los cuatro menores, el pasado 8 de diciembre, estaba de regreso a la base de Taura, “por lo que no fue parte de una operación”, mencionó.
Según Loffredo, “esto ocurrió en un contexto en el que el personal militar, integrante de la patrulla, procedió al cumplimiento de un deber ciudadano, a la aprehensión de los involucrados en un presunto de flagrancia”.
El pasado 25 de diciembre, la jueza constitucional de Guayaquil, Tanya Loor, aceptó un recurso de habeas corpus presentado por los familiares de los menores, y declaró la “desaparición forzada”.
Mientras tanto, el país espera los resultados de la identificación de cuatro cuerpos hallados la semana pasada en un sitio cercano a donde desaparecieron hace 22 días los menores y de los cuales se desconoce su paradero hasta hoy.
Varios colectivos sociales se movilizaron la tarde de este lunes, en los exteriores de la Fiscalía General en Quito, para reclamar respuestas del Estado sobre el paradero de los cuatro niños.
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