21 colaboradores de libre remoción de la Asamblea Nacional deben presentar sus renuncias por pedido de la presidenta de ese organismo, Guadalupe Llori.
Las declaraciones las dio luego de que se conociera de la suscripción de un contrato por 100.000 dólares por los servicios de logística para reuniones, eventos, actos conmemorativos y ceremonias protocolarias de la Asamblea Nacional.
Según dijo en una entrevista, entrar en un proceso de evaluación respecto a la tarea que viene cumpliendo su equipo.
El proveedor de dicho contrato es Fredy Godoy Proaño y se suscribió con fecha 10 de septiembre de 2021. En una rueda de prensa del pasado 20 de septiembre, tres funcionarios administrativos de la legislatura trataron de justificar la suscripción de este contrato que incluye la adquisición de empanadas de 6 dólares cada una.
Entre los 21 colaboradores consta la administradora general encargada, Janneth Puetate Preciado; Cecilia Velasque Tigse, coordinadora general de Participación Ciudadana y además es dirigente del movimiento Pachakutik.
También está María Paulina Moreno Ruiz, secretaria encargada de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, quien suscribió el contrato de servicios de alimentación para eventos protocolarios.
Suspensión del contrato
En una entrevista Llori señaló que dispuso suspender la ejecución del contrato hasta realizar una evaluación de los términos contractuales para definir su terminación o continuidad.
«Ordené que se planifique un nuevo proceso hacia 2022, con lo estrictamente indispensable para el buen desarrollo de los eventos ceremoniales y protocolarios”, expresó.
La titular del organismo también indicó que pidió a la Contraloría que se inicie un examen especial a las fases preparatoria, precontractual y ejecución del contrato suscrito.
Críticas en consumos y viáticos
Guadalupe Llori calificó como una como “una mentira que circula en redes” a las publicaciones sobre los pagos que supuestamente realizó en hoteles de Tena y Guayaquil mientras cumplía agenda en territorio.
Segú el portal web La Historia, la funcionaria realizó un viaje con agenda oficial en Tena el 12 y 13 de junio. Y con cargo a la Asamblea se habría pagado 846,20 dólares por los dos días, valor que se habría pedido en reembolso. El viaje, de acuerdo a esa investigación, habría incluido masajes.
“No solo fue un día, como mienten de manera infame los que calumnian en redes sociales”, dijo.