Como una “novatada” tildó Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, al pedido extemporáneo de ampliación de plazos para la entrega del informe de juicio político contra el excontralor Pablo Celi. Así lo dijo en entrevista exclusiva con A Primera Hora de Majestad Radio.
La legisladora responsabilizó a la Secretaría de la Comisión por la inobservancia que, a su parecer, fue involuntaria. Por ese motivo, dijo que “ella (la secretaria de la Comisión) tuvo su llamado de atención”. Además, explicó que será el presidente de la mesa quien tome una decisión sobre una posible sanción administrativa.
Ahora será el pleno quien decida si el excontralor subrogante debe ir a juicio politico. En ese aspecto, la legisladora enfatizó que no cree que exista un escenario diferente. “No creo que exista un asambleista, en sus cabales, que diga “no vamos a juicio político”. Creo que es el momento político de dar un baño de verdad de lo que pasaba en Contraloría”, puntualizó.
Bajo la premisa, adelantó que la bancada del Acuerdo Nacional, que aglutina a los asambleístas del movimiento oficialista de CREO, votará a favor de la censura de Celi. Sin embargo, también reiteró que será un proceso largo que tomará hasta 20 horas. “Va a ser un juicio importante y necesario”, añadió.
¿Remover al Presidente de la Comisión de Fiscalización?
Desde varios sectores se señaló a Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, como el responsable del conflicto y pidieron su separación de la titularidad de la mesa. Pero, a decir de Cordero, esta propuesta no tendría cabida. “El presidente (Villavicencio) ha sido un personaje con trayectoria de investigación. Tiene larga data. Pero creo que debe dejarse asesorar un poco mejor a lo interno de la comisión”, recomendó la asambleísta de CREO quién hizo referencia a los temas burocráticos y administrativos del Legislativo.
Los conflictos que ocasionó la entrega tardía de la solicitud provocó que las sesiones a lo interno de la Comisión se tornen tensas, dijo Cordero. “El Presidente debió asumir también su responsabilidad”, explicó para sentenciar que esa actitud sí creó una molestia por parte de sus compañeros.
Destitución del excontralor subrogante
El artículo 15 de la Ley Orgánica de Servicio Público estipula que: “la servidora o servidor público legalmente destituido no podrá reingresar al sector público en un periodo de dos años, contados desde la fecha de su destitución, pero su reingreso no podrá darse a la institución del Estado, de la que fue destituido”. Pero, para la legisladora, este periodo es corto.
Por ello, indicó que debería realizarse una reforma a la ley para que el funcionario destituido no pueda regresar a la función pública nunca más. Es decir, exista una censura definitiva e indefinida.
La Contraloría General del Estado
La legisladora también indicó que otra de las reformas a realizarse, debería contemplar que las ausencias de los funcionarios no sean superiores a tres meses. Así, dijo, se evitará que despachen desde la cárcel como ocurrió con el excontralor Pablo Celi y el defensor del Pueblo, Freddy Carrión. Sin embargo, también dijo que la actual legislación permite esta práctica y, por tanto, Carlos Riofríoes actualmente el contralor subrogante.
“Es un funcionario de carrera, debemos respetar la institucionalidad que existe para que Contraloría se enrumbe en el proceso de concurso de méritos y oposición”, explicó Cordero al referirse al concurso para elegir a un nuevo Contralor.
