La nueva vocera del Gobierno Nacional, Carolina Jaramillo, debutó en el cargo este lunes, 2 de junio, con tres anuncios que se incluyen temas de minería, subsidios a los combustibles y tarifas eléctricas.
Minería: Nueva tasa de fiscalización y reapertura del catastro
El primer anuncio de Jaramillo fue el reinicio del catastro minero, cerrado hace más de siete años, así como la creación de una tasa de fiscalización minera a fin de recaudar dinero para fortalecer el control y vigilancia en el sector.
Jaramillo explicó que, con el objetivo de reforzar el control técnico y ambiental en el sector minero, se implementará por primera vez una Tasa de Fiscalización Minera para la pequeña, mediana, gran minería y régimen general.
Los fondos recaudados —estimados en 229 millones de dólares anuales— serán destinados a fortalecer el control y la vigilancia. La minería artesanal está exenta de esta tasa.
Además, la vocera anunció la reapertura del Catastro Minero, cerrado desde enero de 2018, como una decisión estratégica que atraerá inversión y empleo al país.
Este proceso, ya anunciado por el presidente Daniel Noboa durante su discurso de investidura el pasado 24 de mayo, se realizará por fases: comenzará el 16 de junio con la pequeña minería no metálica, continuará en septiembre con la minería metálica y estará completamente abierto para todos los regímenes hacia finales de este año.
“La decisión de abrir el Catastro Minero por fases garantiza eficiencia, transparencia y sostenibilidad operativa”, señaló Jaramillo.
Transparencia en empresas públicas
Asimismo, la vocera del Gobierno anunció que se iniciarán auditorías a Petroecuador, CELEC y CNEL, con el respaldo de tres firmas internacionales de primer nivel: Deloitte, PwC y EY; quienes ya han manifestado su interés en participar. Estas evaluaciones contemplarán auditorías financieras, forenses y revalorización de activos.
“La visión del presidente Daniel apunta a desterrar la corrupción arraigada en estas empresas y transformarlas en empresas competitivas de talla internacional”, afirmó.
Tarifas eléctricas: ajustes para grupos de alto y mediano voltaje
Otra medida que será implementada es el ajuste tarifario para los consumidores del servicio eléctrico en los grupos de Alto Voltaje (AV1) y Medio Voltaje (MV), quienes pasarán a pagar el costo real del servicio.
Esta decisión excluye, por orden presidencial, a: asistencia social, bombeo de agua para comunidades campesinas y escenarios deportivos, que están entre los AV1 y MV.
“Hoy los AV1 tienen un precio medio de 7,91 cUSD/kWh y pasará a 10,22 cUSD/kWh. En el caso de los de Medio Voltaje hoy su precio medio es de 9,27 cUSD/kWh y con el ajuste pagarán 11,64 cUSD/kWh”, explicó Jaramillo.
El ajuste tarifario tampoco aplica al sector residencial, que representa más de 5,3 millones de hogares. Las familias ecuatorianas no tendrán ningún cambio en su tarifa por el servicio eléctrico.
Otras medidas
Durante la rueda de prensa también se informó sobre la decisión del presidente Noboa de enfocar los subsidios en quienes más los necesitan.
En ese sentido, se elimina el subsidio al diésel para el sector atunero industrial, que en 2024 registró un crecimiento significativo: alcanzó USD 1.641 millones en exportaciones y una producción de 564.997 toneladas, un 21 % por encima del promedio de años anteriores. Esta medida no se aplicará a los pescadores artesanales.
Jaramillo explicó que, actualmente, 29 empresas atuneras que son las más grandes del sector absorben el 60 % del valor del subsidio. Detalló que el monto destinado al subsidio a este sector representó 42 millones de dólares en el 2024.
“En cuanto a las compensaciones, el Banco del Pacifico extenderá líneas hasta por USD 42 millones con el respaldo y cobertura de la CFN, vía el Fondo Nacional de Garantía para cubrir hasta el 75 % del riesgo que tomaría el banco con las empresas. La tasa de interés para este propósito será del 6 % anual”, sostuvo la vocera.
La vocera del Gobierno señaló que esta medida cumple con tres pilares fundamentales: los subsidios a quienes más lo necesitan, que en este caso son las embarcaciones de pesca artesanal; las compensaciones a las empresas para que puedan renovar la flota pesquera, y obtener embarcaciones con motores más eficientes; y volver más eficiente al Estado.
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