El fiscal provincial de Azuay, Leonardo Amoroso Garzón, presentó su informe de gestión correspondiente al año 2024. La rendición de cuentas se realizó este 24 de junio mediante una transmisión en línea desde el despacho provincial.
Durante el año pasado, la Fiscalía de Azuay procesó 15.886 denuncias, en su mayoría relacionadas con robo, violencia psicológica en el entorno familiar, intimidación, estafa y daños materiales por accidentes de tránsito. Estos cinco tipos de delito encabezaron las estadísticas provinciales.
La provincia cuenta con 39 fiscalías activas, de las cuales 31 funcionan en Cuenca y están especializadas en diversas materias. En siete cantones más operan ocho fiscalías multicompetentes, encargadas de atender todos los delitos registrados en esas jurisdicciones. Cuenca también alberga la Fiscalía de Fuero Provincial. En total, 159 funcionarios desempeñan funciones en estas unidades, entre ellos 132 con tareas misionales y 27 administrativos.
Amoroso destacó varios logros relevantes, especialmente en casos de violencia sexual y de género. En 2024, los tribunales dictaron tres sentencias condenatorias por delitos de femicidio y violación con resultado de muerte. Cada una de estas condenas impuso penas de 34 años y ocho meses de prisión a los responsables de crímenes cometidos en Cuenca y Gualaceo.
También resaltó los avances en procesos penales contra funcionarios de instituciones educativas, acusados de abuso sexual a menores de edad.
En el ámbito técnico, la Unidad de Atención en Peritaje Integral (UAPI) realizó 3.859 pericias durante el año, con la participación de profesionales en medicina legal, trabajo social y psicología.
Mientras tanto, el Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal (SPAVT) brindó soporte a 88 personas protegidas, quienes recibieron más de 2.000 asistencias en diversas áreas, desde protección física hasta acompañamiento psicológico y jurídico.
Amoroso cerró su intervención con un llamado a fortalecer los recursos y el compromiso interinstitucional para enfrentar con mayor eficacia los delitos que afectan a la provincia.




