NACIONALES POLÍTICA

Noboa propone reforma constitucional para castración química a violadores

El presidente Daniel Noboa anunció este viernes una reforma constitucional. En su cuenta de X el mandatario dijo que tratará sobre penas para delitos de violación. Mencionó la “castración química”.

“Pensaron que el poder los iba a proteger. Como antes, como siempre. Esta vez no: los violadores merecen la castración química y pagar con la cárcel, y eso es lo que plantea la reforma constitucional que acaba de ser enviada”.

Dijo que la pelota está en la cancha de la Asamblea, aunque el primer filtro a su propuesta es el de la Corte Constitucional.

“Ahora será el turno de la Asamblea, el país necesita saber quiénes están verdaderamente con las víctimas y quiénes dispuestos a proteger abusadores”, detalló.

Aunque el contenido técnico aún no se hace público, el Ejecutivo busca combinar la pena de prisión con tratamientos hormonales para reducir el deseo sexual, una medida que ha generado polémica a nivel internacional.

La castración química ya ha sido discutida en Ecuador, pero esta es la primera vez que se plantea como una modificación constitucional desde el Ejecutivo.

¿Qué es la castración química?

La castración química consiste en el uso de medicamentos que reducen significativamente la libido y los niveles de testosterona en los sujetos en quienes se aplican.

No implica una intervención quirúrgica, sino un tratamiento farmacológico continuo, cuyos efectos desaparecen si se interrumpe su administración.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia británico, un país donde se aprobó esta pena en mayo de 2025, estudios previos en otras naciones demostraron que este tipo de intervención puede disminuir la tasa de reincidencia en delitos sexuales hasta en un 60%, “especialmente en aquellos casos donde hay un patrón compulsivo y persistente de comportamiento delictivo”.

El uso de la castración química no es nuevo. Países como Polonia, Corea del Sur, Rusia y algunos estados de EE. UU. ya la aplican, en distintos grados y con distintos niveles de supervisión.

En muchos de estos lugares, la decisión ha sido recibida con controversia, pero también con respaldo por parte de las víctimas y sus familias.

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