Pese a múltiples denuncias presentadas ante la Fiscalía, las irregularidades en la adjudicación de contratos en hospitales públicos no se detienen. Así lo advirtió Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), en un reporte del canal Ecuavisa. Rodas alertó que el esquema de corrupción permanece intacto, aunque muta sus formas para mantenerse vigente.
Desde 2019, la CNA ha documentado más de USD 1.500 millones en pérdidas para el Estado, atribuibles a contrataciones amañadas. Empresas sin experiencia en el ámbito sanitario –y en algunos casos con actividades completamente ajenas al sector salud– han obtenido contratos millonarios en distintos hospitales del país.
Uno de los casos más emblemáticos es el de un comerciante de mariscos de Manabí, quien figura como proveedor del Hospital General Enrique Garcés de Quito por un monto superior a USD 1,9 millones. Su empresa suministró insumos quirúrgicos especializados, como dispositivos de cierre abdominal y ligaduras intraabdominales desechables.
Otra empresa, dedicada a la publicidad, fue registrada como proveedora de equipos médicos para procedimientos de laparoscopía en el mismo hospital. Sus contratos superan los USD 5 millones.
Las anomalías no terminan ahí. Según los reportes de la CNA, un grupo de abogados logró vender reactivos médicos por USD 1,8 millones sin contar con experiencia en el área. También se documentó que una vendedora de hamburguesas abasteció al Hospital Enrique Garcés con implantes quirúrgicos para ortopedia y traumatología por más de USD 2,5 millones en 2020.
“Las redes operan con la misma lógica. Lo único que hacen es modificar los nombres o los RUC de las empresas. Incluso se han creado compañías exclusivamente para ejecutar ciertos atracos, como ocurrió en el Hospital Monte Sinaí”, afirmó Rodas.
La manipulación de los términos de referencia en los concursos, los cambios arbitrarios en especificaciones técnicas, y la complicidad de funcionarios públicos hacen que el sistema de contratación hospitalaria continúe siendo vulnerable, con efectos directos sobre la calidad de la atención en salud.
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