El contralor general del Estado, Mauricio Torres, compareció ante la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana para exponer los resultados de dos informes sobre contratos firmados entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) y las empresas Austral Technical Management (ATM) y Progen Industries LLC. Torres entregó información sobre indicios de responsabilidad penal y civil por 122 millones de dólares.
Los documentos, emitidos el 14 y 21 de julio, identifican indicios de responsabilidad penal contra 19 personas en el caso Austral y contra 24 en el caso Progen.
En Esmeraldas, por el contrato con Austral en la zona La Propicia, la Contraloría detectó responsabilidades civiles por USD 53,9 millones, además de una sanción administrativa de USD 123.280. “Los hallazgos reflejan un perjuicio grave”, afirmó Torres.
En el caso Progen, vinculado a las estaciones El Salitral y Quevedo, se recomendó imponer sanciones administrativas por USD 130.750 y determinar responsabilidades civiles por USD 69 millones. Torres también mencionó que está en marcha una auditoría adicional sobre la central termoeléctrica de Catamayo.
Durante la sesión, los legisladores preguntaron sobre la selección del equipo auditor, las modificaciones a los contratos, la renuncia al anticipo sin garantías, la responsabilidad de las autoridades delegantes, el uso de equipos ineficientes, el gasto en viáticos, y la aplicación del artículo 151 de la Constitución.
“La elaboración de los informes fue técnica y especializada”, sostuvo el contralor. Los documentos, junto con sus anexos, fueron entregados a la Comisión para su análisis.
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