Margaret Satterthwaite, relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la independencia judicial, expresó su preocupación ante presuntas amenazas contra la Corte Constitucional del Ecuador. Según la relatora, estas habrían surgido luego de que el organismo suspendiera, de forma provisional, varios artículos de tres leyes propuestas por el Ejecutivo y aprobadas por la Asamblea Nacional.
Satterthwaite señaló que entre las disposiciones suspendidas constaban medidas que permitían obtener inteligencia sin orden judicial, así como reformas sobre financiamiento político ilícito y justicia tributaria.
“Una ministra de Gobierno parece haber acusado a la Corte de socavar la democracia y empoderar a grupos criminales, calificando el fallo como un desafío a la voluntad popular y una amenaza a la seguridad pública. Mientras tanto, otros funcionarios públicos han propuesto un referéndum para permitir el juicio político de los jueces constitucionales”, alertó la relatora a través de un pronunciamiento en su red social X.
Satterthwaite recordó que “la independencia judicial no es opcional; es la base de la democracia”. Además, rechazó cualquier intento de presión y sostuvo que las decisiones judiciales pueden debatirse, pero “las amenazas son inaceptables”.
Según la relatora, el poder judicial debe actuar libre de represalias para garantizar el orden constitucional y proteger a la ciudadanía de abusos.
Human Rights Watch se suma al rechazo internacional
Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), rechazó también los ataques contra la Corte Constitucional por parte del Gobierno y la Asamblea Nacional. Las declaraciones surgieron luego de que el alto tribunal suspendiera, de forma provisional, artículos clave de tres leyes impulsadas por el presidente Daniel Noboa.
“Rechazamos los ataques a la Corte Constitucional por suspender normas que amenazan derechos”, escribió Goebertus en la red social X.
Acompañó su mensaje con un video donde la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, acusaban a la Corte de arrebatar respaldo ciudadano.
Goebertus afirmó que la Corte debe actuar sin presiones. “La Corte es clave para proteger el Estado de Derecho y debe poder actuar con independencia”, añadió. HRW insistió en que las autoridades deben respetar su labor.
Antecedentes
La víspera, en una declaración conjunta, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, expresaron su inconformidad tras conocerse la decisión de la Corte Constitucional de suspender de forma provisional artículos clave de tres normativas impulsadas por el Gobierno: la Ley de Integridad Pública, la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Inteligencia.
Rovira y Olsen cuestionaron tanto el fondo como la forma en que el alto tribunal comunicó su resolución, la cual fue difundida mediante un boletín oficial.
Desde la Secretaría de Comunicación de la Presidencia se compartió un video en el que Rovira expresó su preocupación por lo que considera un debilitamiento del respaldo legal a las fuerzas del orden. “Este boletín no les da la cara a los policías ni a los militares. Tampoco a las víctimas ni a los ciudadanos que exigen seguridad y justicia”, afirmó.
La ministra señaló además que la suspensión deja en situación vulnerable a quienes arriesgan su vida combatiendo el crimen en las calles. “Mientras en los despachos se deliberan estas decisiones, ¿quién protege a quienes enfrentan a diario al crimen organizado?”, cuestionó.
Una de las disposiciones afectadas es el artículo 6 de la Ley de Solidaridad Nacional, el cual establecía el procedimiento para declarar un conflicto armado interno, mecanismo que el Gobierno ha utilizado para movilizar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en operativos contra estructuras delictivas.
Por su parte, el titular del Legislativo, Niels Olsen, recalcó que la Corte tiene el deber de transparentar los alcances de su decisión. “No basta con un boletín. La ciudadanía y las fuerzas del orden merecen una explicación clara sobre por qué se dejó sin efecto el respaldo jurídico que fue aprobado democráticamente en la Asamblea”, declaró.
Olsen enfatizó que en el actual contexto de inseguridad no hay espacio para ambigüedades: “La Corte debe asumir su responsabilidad institucional frente a un país que ya no acepta más evasivas.”
La Corte suspendió artículos de las leyes de Inteligencia, Solidaridad y de Integridad Pública. Las normas se aprobaron bajo el carácter de urgencia y generaron rechazo entre organizaciones sociales y sindicatos, quienes presentaron demandas de inconstitucionalidad.
Entre los artículos suspendidos están disposiciones que autorizaban la recopilación de datos sin orden judicial, permitían identidades falsas para agentes encubiertos y otorgaban prerrogativas como el “indulto anticipado” a fuerzas del orden involucradas en operativos contra el crimen.
También quedó en suspenso la obligación de convertir cooperativas en sociedades anónimas, medida que según el Ejecutivo buscaba proteger ahorros y evitar riesgos financieros.
¿Fiscalización y juicio político jueces de la Corte Constitucional?
Un día después del pronunciamiento de la Corte Constitucional, el presidente Daniel Noboa anunció las 7 preguntas que conformará la Consulta Popular propuesta por el Ejecutivo, prevista para el próximo mes de diciembre.
Una de las preguntas busca que los jueces de la Corte Constitucional sean sujetos de fiscalización y juicio político por parte de la Asamblea Nacional, algo que no contempla la Constitución vigente.
Antes de 2007, los vocales del Tribunal Constitucional (antes llamado Tribunal de Garantías Constitucionales) eran elegidos por el Congreso y sujetos a juicio político o resoluciones de destitución, lo cual respondía a los vaivenes de las mayorías legislativas y el poder político de turno.
El mandatario compartió los detalles a través de sus redes sociales, señalando que la iniciativa busca dar voz directa a la ciudadanía en asuntos que, según él, han sido postergados durante años. “Estas siete preguntas empoderan a los ecuatorianos para decidir si desean dejar atrás viejas estructuras y avanzar hacia un futuro de estabilidad y desarrollo”, expresó.
Noboa había anunciado el 14 de diciembre como fecha tentativa para esta consulta, pero previamente estas preguntas deberán ser calificadas por la Corte Constitucional.
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