El Gobierno Nacional desistió de su pedido inicial de diferimiento de la audiencia convocada por la Corte Constitucional para el lunes 18 de agosto, en el marco del trámite de las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública. El secretario Jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, pidió mantener la misma fecha pero que la diligencia sea presencial y no telemática, como había previsto la Corte.

En un escrito dirigido al juez ponente José Luis Terán Suárez, Andino explicó que, pese a haber pedido inicialmente posponer la diligencia hasta cumplir el plazo de quince días para contestar las acciones acumuladas —notificadas el 8 de agosto de 2025—, la Presidencia ahora solicita que la audiencia se realice en la fecha ya fijada y de forma presencial.

Argumentó que los temas a tratar son de interés nacional y requieren garantizar el principio de inmediación procesal.

La comunicación, remitida este jueves, 14 de agosto, precisa que las notificaciones continuarán recibiéndose en el casillero electrónico institucional y en los correos oficiales de la Secretaría General Jurídica.