Por: Wilson Benavides Vásquez, analista político
A casi cien días del segundo mandato del presidente, Daniel Noboa Azín, líder de Acción Democrática Nacional (ADN), dos lógicas son las que se están imponiendo desde el poder.
La primera, una estrategia de comunicación gubernamental basada en la creación de distractores de opinión, el uso del silencio estratégico sobre la inseguridad y la inocultable crisis del sistema de salud pública, así como un descarado pacto de gobernabilidad con ciertos medios radiales y plataformas digitales que se han convertido en cajas de resonancia del régimen.
La segunda lógica se despliega en el campo de la gestión política y se sustenta en la legitimación del “conflicto armado interno” como “razón de Estado”, la creación de un enemigo interno (un culpable a quien endilgar todos los males de la nación) y la activación de un mecanismo de democracia directa como la consulta popular, prevista para noviembre próximo.
Los distractores de opinión son los mecanismos predilectos por el gobierno para focalizar la atención de la opinión pública en un tema y a la par tomar decisiones en ámbitos que salen del ojo ciudadano. Eso sucedió, por ejemplo, con la marcha oficial en contra de la Corte Constitucional del pasado 12 de agosto y el decreto ejecutivo No. 83 con el que se modificó la fórmula de cálculo de los precios de las gasolinas Extra y Eco País.
Mientras todo el mundo opinada sobre la acción autoritaria de Noboa respecto del máximo tribunal de justicia del país donde en una decisión poco tinosa se colocaron pancartas con los nombres y rostros de sus jueces que incluso fue contundentemente cuestionada por la Agencia de Derechos Humanos de la ONU, en la práctica el eminente incremento de los combustibles pasó casi desapercibido, algo que en otros tiempos, no solo activaba inmensas movilizaciones sociales, sino que incluso éstas terminaban en el derrocamiento de los presidentes de turno.
El silencio estratégico, en cambio, es evidente para mirar hacia otro lado sobre los casi 700 casos de secuestro reportados hasta mayo pasado y los más de 4000 homicidos que siguen en alza pese a la guerra interna declarada a los grupos de delincuencia organizada y que en la práctica no está dando los resultados esperados.
La misma fórmula se aplica sobre la alarmante situación del sistema de salud pública, donde incluso el gobierno se resiste a declararlo en emergencia, con lo que blinda la capacidad fiscalizadora de la Asamblea Nacional y busca generar “golpes de efecto” mediático como la risible visita este último martes de tres ministros de Estado al hospital Universitario de Guayaquil, donde hace dos semanas se reportó el fallecimiento de 12 neonatos.
Sumado a esto, el pacto de gobernabilidad con algunas radiodifusoras, plataformas digitales y lideres de opinión fue más que evidente en torno a la posición de estos sectores respecto de la campaña gubernamental contra la Corte Constitucional, donde sin la menor consideración deontológica, no dudaron en atacar a este organismo desde sus distintos espacios. Es evidente también la posición que tienen en las entrevistas que han mantenido directamente con el presidente Noboa, donde no se pregunta absolutamente nada que salga del libreto oficial, aunque sea acuciante en la realidad.
En el plano de la gestión política, en cambio, la consulta popular de noviembre próximo marca el sendero por el que transitará el gobierno y donde muy posiblemente la tensión con la CC se incremente.
De las siete preguntas anunciadas por el presidente en redes sociales se han presentado cuatro a este organismo para que determine la vía que deberá tomar el trámite (enmienda, reforma o cambio), entra las que se incluyen la reducción del número de asambleístas, el enjuiciamiento político de los jueces de la CC, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y el trabajo por horas para el sector turístico.
La suspensión del financiamiento público de las organizaciones políticas y la instalación en territorio ecuatoriano de bases militares extranjeras ya fueron resueltas tanto por la CC como por la Asamblea Nacional.
De estas cuatro preguntas, es evidente que el régimen busca posicionar a la reducción de asambleístas como una de las preguntas más atractivas para la ciudadanía, con base a los datos del último informe 2024 de la corporación Latinobarómetro.
Como lo muestra el gráfico anterior, Ecuador es el país que lidera la tabla en el sentido de que la ciudadanía piensa que la democracia puede funcionar sin partidos políticos, lo que sustenta plenamente tanto la suspensión del financiamiento público de las organizaciones políticas como la pregunta sobre la reducción de asambleístas que impulsa el gobierno.
Paralelamente, en su visita oficial a Uruguay el presidente Noboa insistió ante la comunidad internacional en el conflicto armado interno contra grupos “narco terroristas” que según dijo, aglutina a unos 60 mil hombres y mujeres armados, la mayoría ecuatorianos.
Desde esta mirada en cambio, es claro que para el gobierno los enemigos del pueblo son los jueces de la CC, los grupos narco terroristas, los asambleístas y las organizaciones políticas de oposición, mientras que para el pueblo, su enemigo es la inseguridad, la falta de insumos esenciales en el sistema de salud pública, la ausencia de fuentes de empleo, entre otros. ¿Quiénes son, entonces, los verdaderos “enemigos del pueblo”?
La opinión de Wilson Benavides
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