El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el Proyecto de Ley de Defensa de la Dolarización y recibió observaciones de 23 asambleístas. Ahora será la Comisión de Régimen Económico la que incorpore los pedidos y elabore un informe para segundo y definitivo debate.
Los parlamentarios dijeron que el organismo debe realizar cambios en el Proyecto para evitar que haya violaciones a la Constitución y para proteger la economía popular y solidaria, fortalecerla y garantizar el tratamiento diferenciado y preferencial del Estado.
Además, advirtieron que no es atribución de la Asamblea Nacional nombrar a los representantes de las Juntas Monetaria y Financiera y que uno de los objetivos de la Ley es evitar la fuga de divisas al exterior, por lo que señalaron la necesidad de que la Superintendencia de Bancos ejerza control sobre la Seguridad Social, así como blindar la dolarización y las reservas del Banco Central del Ecuador (BCE).
Una de las preocupaciones de los legisladores es que no ingresen al país las divisas provenientes de las operaciones de entidades financieras en el exterior, facilitando así las operaciones offshore y además que las operaciones de crédito que las instituciones financieras contraten en el exterior no tengan límite.
Uno de los pedidos recurrentes fue revisar que no se contrapongan artículos, por ejemplo cuando se define que la Junta de Política de Regulación Monetaria es el máximo órgano de gobierno del BCE y en otro artículo señala que el mismo es un ente autónomo y responsable de la regulación monetaria. Calificaron al proyecto de Constitucional e indispensable para fortalecer la dolarización y enmendar los errores cometidos en el pasado.
Varios legisladores enfatizaron que BCE no es un banco convencional y que no se busca privatizarlo. Destacaron la participación de diversas voces que dieron sus puntos de vista sobre el proyecto y que deberán ser tomados en cuenta para su análisis.
También hubo pronunciamientos en el sentido de que el proyecto es ambicioso y pretende establecer líneas financieras y económicas para el próximo gobierno, no protege la dolarización, elimina el coeficiente de liquidez doméstica con lo cual los bancos privados podrán acceder a los recursos. Cuestionaron la independencia del Banco Central y la consecuente fuga de capitales.
