Se trata de personas expulsadas de Estados Unidos (EE.UU.). La canciller Gabriela Sommerfeld informó -este lunes- que serán un máximo de 300 personas de terceros países. La ministra de Relaciones Exteriores se refirió a estas personas como “refugiados”, sin querer precisar su condición de deportación. Dijo que este compromiso se enmarca en los programas de cooperación impulsados por el gobierno de Donald Trump.

Sommerfeld indicó, en entrevista con Ecuavisa, que los “refugiados” serán seleccionados bajo criterios específicos: “Se trata de personas de determinadas nacionalidades, sin antecedentes delictivos y en buen estado de salud”, aclaró. Añadió que la iniciativa no se asemeja a la de El Salvador, que acoge prisioneros, sino a un plan limitado con fines humanitarios.

La versión oficial de la Cancillería contrasta con lo difundido la semana pasada por la cadena estadounidense CBS. Según documentos gubernamentales obtenidos en Washington, la administración de Donald Trump busca que Ecuador, junto con España y otros países, reciba migrantes de terceros países expulsados del país norteamericano.

CBS sostiene que al menos diez naciones ya aceptaron participar en este tipo de convenios. Costa Rica, Honduras y Panamá ya reciben migrantes de Asia y África que solicitaron asilo tras cruzar la frontera mexicana. Además, en marzo fueron deportados a El Salvador 200 venezolanos presuntamente vinculados a bandas criminales.

Una fuente del Departamento de Estado dijo a la cadena que no comentan negociaciones, pero subrayó que el objetivo es “mantener seguro al país mediante la deportación de migrantes”.

De su parte la vocera presidencial, Carolina Jaramillo, no pudo responder las preguntas que sobre el tema le formularon los periodistas en su rueda de prensa de los lunes. El tema sigue abierto mientras se definen los alcances del acuerdo en el marco de la visita de Marco Rubio.