Las alcaldesas y los alcaldes del país denunciaron una grave crisis institucional y de servicios en los territorios, provocada por el incumplimiento del Gobierno Nacional en el pago de transferencias a los municipios. Las autoridades advirtieron que la deuda del Gobierno alcanza los $643.7 millones.

A través de una rueda de prensa, los gobiernos locales advirtieron que esta situación ha deteriorado la calidad de vida de la ciudadanía en distintas comunidades del Ecuador.

Según manifestaron, la falta de recursos se traduce en la paralización de obras y servicios esenciales: comunidades sin acceso a agua potable, calles sin mantenimiento vial, suspensión de recolección de residuos y programas sociales debilitados. Las autoridades municipales calificaron este incumplimiento como un “quebrantamiento constitucional” que atenta contra la autonomía de los municipios y los derechos de la población.

Frente a esta problemática, los alcaldes anunciaron que presentarán una demanda de acción por incumplimiento ante la Corte Constitucional. El recurso legal se basará en la supuesta violación del artículo 200 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), que obliga al Estado a realizar transferencias directas, automáticas, oportunas y eficaces a los gobiernos autónomos descentralizados.

Además, exigieron a la Asamblea Nacional que exhorte al Ejecutivo a cumplir con sus obligaciones financieras “con la misma contundencia con la que ha actuado en otros sectores”. También solicitaron al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la emisión inmediata del Acuerdo Ministerial contemplado en la Ley de Alivio Financiero, que debía implementarse en un plazo de 30 días y que permitiría compensar deudas mediante cruce de cuentas.

A través de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), los alcaldes reafirmaron su unidad y compromiso con la defensa de los territorios. En su declaración, exigieron respeto a la Constitución, cumplimiento en las transferencias y soluciones urgentes que garanticen los derechos de las comunidades.