La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por la desaparición forzada de Josué, Steven, Ismael y Nehemías, prevista para el 16 de septiembre de 2025, fue suspendida luego de que la Secretaría de la Unidad Judicial Penal informara que el juez Dennis Ugalde fue notificado con una demanda de recusación, presentada el pasado 1 de septiembre.
De acuerdo con el artículo 25 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), la notificación de una recusación suspende la competencia del juez para continuar con la causa hasta que se resuelva el incidente. Por ello, el expediente será remitido a la sala de sorteos para la designación de un nuevo juez o jueza que asuma el proceso.
La recusación fue presentada por la defensa de uno de los militares procesados en el caso Malvinas, y se sustenta en los numerales 3 y 11 del artículo 572 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), los cuales se refieren a la existencia de un juicio previo entre el juez y alguna de las partes, y a la presunta manifestación de opinión sobre el caso. Sin embargo, según los representantes legales de las víctimas, ninguna de estas causales tiene sustento fáctico.
Pronunciamiento de los abogados de las víctimas
“El juez Ugalde no ha emitido pronunciamientos sobre el fondo del caso ni mantiene procesos judiciales previos con los procesados”, señalaron los abogados de las familias de las víctimas. Consideran que la recusación representa una maniobra dilatoria que pone en riesgo la integridad del proceso y podría derivar en la caducidad de la prisión preventiva que pesa sobre los militares involucrados.
En una declaración pública, los abogados rechazaron lo que calificaron como “mala fe procesal” por parte de la defensa de los acusados. Además, exigieron al Consejo de la Judicatura garantizar que procesos por graves violaciones a los derechos humanos no sean objeto de retrasos injustificados.
También exhortaron a la Defensoría del Pueblo a pronunciarse frente a lo que consideran un intento deliberado de entorpecer la justicia, y solicitaron que el nuevo juez que sustancie la recusación actúe bajo los principios de celeridad, economía procesal y responsabilidad.
Finalmente, el Centro de Derechos Humanos (CDH) anunció que activará de oficio mecanismos administrativos para prevenir la repetición de estas tácticas dilatorias y garantizar el acceso efectivo a la justicia de las víctimas.
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