La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió tres procesos de investigación en contra de dirigentes indígenas, campesinos y estudiantiles de la provincia del Azuay, bajo los cargos de asociación ilícita y paralización de un servicio público. Entre los señalados figuran el excandidato presidencial Yaku Pérez y Lauro Sigcha, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Azuay (FOA).

Pérez confirmó que ha sido notificado de dos indagaciones: una por asociación ilícita y otra por paralización de un servicio público. Sigcha, por su parte, respondió que su accionar ha estado ligado a la defensa del agua y los páramos en Quimsacocha: “Si eso también es un delito, ahí estamos y damos la cara”, señaló.

La tercera investigación recae sobre dos personas más, entre ellas Nohelia Ochoa, presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de Cuenca, quien aseguró que el proceso responde a una estrategia del Gobierno para desmovilizar las protestas: “Sabemos que es una estrategia, pero se equivoca”, dijo a Ecuavisa.

Los investigados deberán presentarse a rendir versión en la Fiscalía del Azuay los próximos 31 de octubre y 10 de noviembre. Desde la FOA se advierte que existen al menos 100 personas bajo investigación en todo el país por delitos como asociación ilícita, instigación, paralización de servicios públicos e incluso terrorismo.

Adicionalmente, la FGE mantiene abiertas otras indagaciones:

• 61 dirigentes indígenas y directores de fundaciones ambientalistas son investigados por presunto enriquecimiento privado no justificado.
• Cuatro dirigentes sindicales en Quito enfrentan procesos por tentativa de paralización de un servicio público.

Las investigaciones se producen en el marco de las movilizaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) contra las políticas del Gobierno Nacional.