El presidente Daniel Noboa renovó por 30 días más el estado de excepción en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí y en el cantón Echeandía (provincia de Bolívar), bajo la causal de grave conmoción interna. La medida consta en el Decreto Ejecutivo 175 emitido por el mandatario.
La medida, que se extiende tras los decretos 76 y 109 de agosto pasado, se fundamenta en informes de seguridad que señalan la persistencia de hechos violentos atribuidos a grupos armados organizados y delincuencia organizada. El Ejecutivo sostiene que, pese a los operativos de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, los índices delictivos continúan afectando la paz social y la seguridad ciudadana.
El decreto dispone la suspensión temporal de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, con el fin de agilizar operativos de allanamiento y de interceptación de comunicaciones, siempre bajo los parámetros fijados por la Corte Constitucional en su dictamen del 11 de septiembre de 2025.
El Gobierno remarcó que el objetivo final es garantizar el orden público, la convivencia pacífica y la protección de los derechos fundamentales. Además, recordó que los funcionarios públicos serán responsables de cualquier abuso en el marco del estado de excepción.
La ejecución del decreto estará a cargo del Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, en coordinación con las entidades competentes. Asimismo, se notificará a la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional, la ONU y la OEA.
Este fin de semana, Noboa también declaró el estado de excepción en 10 provincias del país. De acuerdo con el Ejecutivo, la medida tendrá una vigencia de 60 días en Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza. El mandatario justificó que la decisión se sustenta en la causal de grave conmoción interna y tiene como objetivo «precautelar el orden público, la seguridad interna y el bienestar ciudadano».
La disposición quedó oficializada mediante el Decreto Ejecutivo No. 174, firmado este sábado, 4 de octubre. Según el documento, se ordena la movilización de todas las entidades de la Función Ejecutiva, así como de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con el fin de coordinar acciones para mantener el orden, prevenir actos de violencia, proteger la vida e integridad física de la población y garantizar el derecho a la libre circulación y al desarrollo de actividades económicas
El decreto también establece la suspensión del derecho a la libertad de reunión en las provincias señaladas, medida que, según el Gobierno, busca impedir aglomeraciones con fines de paralización de servicios públicos o afectación a sectores estratégicos. No obstante, se aclara que no se restringe el derecho a la protesta pacífica, siempre que no se vulnere la seguridad ciudadana ni los derechos de terceros.
La decisión se adopta en un contexto de protestas y bloqueos viales registrados en varias provincias, que han afectado el transporte, el suministro de bienes de primera necesidad y la seguridad de la población.
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