Con 76 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución en la que rechaza el ataque armado perpetrado contra un convoy humanitario que transportaba alimentos, medicinas y combustibles destinados a comunidades de la Sierra Norte del país.
El documento expresa la solidaridad del Parlamento con las autoridades nacionales, el cuerpo diplomático y los ciudadanos que acompañaban la misión humanitaria, y condena firmemente cualquier acto de violencia que atente contra la vida, la seguridad o los bienes públicos y privados, especialmente en el contexto de las recientes protestas ciudadanas.
Durante el debate, el asambleísta Hernán Zapata, proponente de la resolución, destacó que los ecuatorianos son personas trabajadoras y pacíficas, y denunció la presencia de grupos vinculados a actividades ilícitas en la zona de Buenos Aires, provincia de Imbabura. Según reportes de inteligencia citados por el legislador, estos grupos estarían detrás de acciones violentas que amenazan la estabilidad y la seguridad regional.
Otros legisladores también se pronunciaron. John Polanco reiteró que el objetivo de la resolución es condenar el ataque y defender la paz, mientras que Juan Gonzaga propuso la creación de una comisión especializada para encontrar soluciones y evitar la politización de la crisis. Por su parte, Jorge Chamba advirtió sobre el impacto económico, que, según estimaciones, genera pérdidas superiores a 1.600 millones de dólares anuales.
En contraste, legisladores como Fernando de la Torre, Ricardo Patiño y Ronal González pidieron no minimizar los abusos cometidos por fuerzas del orden durante las protestas y subrayaron la importancia de respetar los derechos humanos.
Legislatura respalda a productores y rechaza violencia
En la misma jornada, con 79 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aprobó una resolución adicional en la que expresó su solidaridad con productores, comerciantes, transportistas y familias ecuatorianas afectadas por las paralizaciones y hechos violentos recientes.
El Pleno exhortó a la ciudadanía y a las organizaciones sociales, políticas y comunitarias a ejercer sus derechos dentro del marco del respeto, la democracia y el diálogo, y recordó que ninguna causa legítima puede justificarse mediante la violencia.
Además, el órgano legislativo advirtió que ningún interés político o partidista debe anteponerse al bienestar del pueblo ecuatoriano, ni al respeto por el sistema democrático y los derechos fundamentales.
Finalmente, la Asamblea dispuso que esta resolución sea notificada a la Presidencia de la República, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y que se difunda oficialmente ante el cuerpo diplomático acreditado en Ecuador y organismos internacionales pertinentes.
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