La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresaron preocupación por la escalada de violencia registrada durante el paro nacional en Ecuador y reiteraron su llamado al Estado para establecer un diálogo “efectivo, inclusivo e intercultural con los sectores movilizados”.
En un comunicado difundido este martes, la CIDH recordó que la protesta social está protegida por los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, pilares fundamentales de toda democracia.
“La participación de algunas personas en actos de violencia no puede justificar la deslegitimación de toda la protesta ni la restricción de los derechos de quienes se manifiestan pacíficamente”, señaló el organismo.
Preocupación por el uso de la fuerza y casos de violencia
La Comisión informó que ha recibido reportes de presunto uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad, así como de actos violentos cometidos por algunos manifestantes. También rechazó la muerte del comunero indígena kichwa Efraín Fuerez, ocurrida el 28 de septiembre en Cotacachi, hecho que está bajo investigación de la Fiscalía General del Estado.
El comunicado menciona además las denuncias de congelamiento de cuentas bancarias de dirigentes indígenas, la apertura de investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y la suspensión de la señal del medio comunitario TV MICC, medida que la RELE considera podría tener efectos inhibitorios sobre la prensa libre.
Respuesta del Estado
El Gobierno Nacional defendió su actuación y aseguró que las fuerzas del orden actúan bajo principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y que todas las denuncias de abusos están siendo investigadas. También reportó ataques contra agentes estatales, incluido el convoy humanitario en Imbabura y el ataque a la caravana presidencial en Cañar, que, según el Ejecutivo, puso en riesgo la integridad del presidente Daniel Noboa.
Llamado a investigar y restablecer el diálogo
La CIDH exhortó al Estado a investigar de forma imparcial y diligente las denuncias de violaciones a derechos humanos y a sancionar a los responsables. Asimismo, instó a garantizar el debido proceso y la perspectiva intercultural en los casos que involucren a personas indígenas.
“El uso de la fuerza solo puede aplicarse de manera excepcional y conforme a los estándares interamericanos. El uso de armas de fuego en operativos de control de manifestaciones está estrictamente prohibido”, enfatizó la Comisión.
Finalmente, la CIDH llamó a las autoridades a restablecer canales de diálogo genuinos con las organizaciones sociales e indígenas “para resolver los conflictos sociales pendientes y prevenir nuevas violaciones de derechos humanos”.
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