La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) denunció este martes una “brutal represión militar y policial” en el cantón Otavalo, provincia de Imbabura, en el contexto del paro nacional que se mantiene desde el pasado 22 de septiembre.
En un comunicado difundido por el Consejo de Gobierno de la CONAIE, la organización acusó al Gobierno del presidente Daniel Noboa de haber “convertido las comunidades en zonas de guerra”, mediante el uso de gases lacrimógenos, balas y violencia indiscriminada contra la población que ejerce su derecho constitucional a la protesta.
Según la organización, fuerzas combinadas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas habrían irrumpido en barrios y comunidades lanzando bombas lacrimógenas y granadas de impacto directamente al cuerpo y dentro de viviendas.
La CONAIE reportó al menos 50 personas heridas, algunas en estado crítico, y 31 detenidas de forma arbitraria. “Estas acciones son violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos”, expresó la CONAIE en su pronunciamiento.
Exigencias del movimiento indígena
La organización exigió el retiro “inmediato” de las fuerzas militares y policiales de Otavalo e Imbabura, además de garantías de atención médica urgente e imparcial para los heridos. También pidió la liberación de los detenidos, el pleno respeto al debido proceso, y una investigación independiente sobre los abusos cometidos por la fuerza pública, con sanciones a los responsables políticos y operativos.
Asimismo, la CONAIE solicitó la presencia urgente de organismos internacionales de derechos humanos, entre ellos la CIDH, la ONU y la ACNUDH, para verificar los hechos y documentar posibles violaciones.
“El pueblo de Imbabura y Otavalo resiste con dignidad frente a un gobierno que ha elegido la violencia en lugar del diálogo. Reprimir al pueblo es un crimen. Protestar es un derecho”, concluye el comunicado. Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido una respuesta oficial al pronunciamiento de la CONAIE.
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