Por: Carlos Santiago Coronel
Cómodamente sentados en una vereda del centro histórico de Quito, estaban cuatro alcaldes. Se declaraban en huelga de hambre por la falta de transferencias y diálogo con el gobierno central. Sucedió en diciembre de 2020 e ilustró uno de los tres principales desafíos políticos y de gobernanza del próximo gobierno ecuatoriano.
El desempeño político, administrativo y de opinión pública del gobierno actual en el Ecuador establece, como todo gobierno, aciertos y desaciertos que configuran un escenario de entrada para la nueva administración. Todo esto potenciado por déficits estructurales pre existentes y por los implacables efectos de la pandemia. Aquí algunos de los retos que estarán en la mesa de noche del próximo gobernante:
1) Gobernanza territorial
La relación entre municipios, prefecturas y gobierno nacional no pasa por su mejor momento. Mientras el nivel nacional concluye su período en mayo de 2021, los subnacionales mantienen su mandato hasta 2023. Es decir, reinstalar la buena relación es nodal para el próximo gobierno bajo dos ópticas: a) elevar la conversación desde lo transaccional hacia la equidad territorial: a falta de confianza institucional en general y en particular en la relación central – subnacional, la única posibilidad de acercamiento para el gobierno ha sido la consecución de obras, lo que hace una lista –más o menos eficaz- de cumplimiento de ofertas, pero no establece una política de desarrollo local; y b) comprender la dinámica subnacional emergente en que las ciudades son el escenario de mayor eficacia potencial en la solución de los problemas de la ciudadanía; en contraposición a la centralización de competencias o la descentralización sin recursos. Por caso, la contención de pandemia, la generación de empleo y la cobertura de condiciones básicas de vida y urbanismo son políticas públicas nacionales que no trascienden sin recursos humanos, técnicos, de conocimiento e información en los territorios.
El nuevo gobierno debe volver la mirada a los municipios y prefecturas como interlocutores del desarrollo nacional y a los alcaldes y prefectos como representantes de la ciudadanía en cada uno de sus territorios.
2) Credibilidad pública:
Según estudios de opinión de CIEES para mayo de 2017 la imagen del entonces presidente entrante, Lenin Moreno, alcanzaba el 74% de agrado; con datos de la misma encuestadora, para principios de 2021 el mismo indicador se registra en 17%. El poder desgasta, sí. Y, en ese desgaste, “pierde” el vocero y la capacidad de vocería de la clase política y la institucionalidad nacional.
Escenarios de conversación como la pandemia, la administración de hospitales públicos y compras de insumos médicos han contribuido, junto con la misma administración, a desgastar esta confianza y devaluar el debate nacional. Por caso, un evento técnico como la distribución de vacunas para Covid-19 termina en una narrativa altamente política, activando discusiones sobre la moralidad de los funcionarios encargados del tema.
El gobierno que asuma, debe reinstalar la capacidad de diálogo y debate en el país: alimentando de certezas e información la conversación y moviéndose de la comodidad de tener interlocutores complacientes. Con diferentes niveles de responsabilidad, incluyendo actores políticos, medios de comunicación y la propia ciudadanía.
3) Relación legislativa
Considerando el récord en inscripción de candidaturas (16), el cambio en el método de asignación de escaños y la forma de votación a listas cerradas, es altamente probable un escenario de mayor dispersión (o al menos mayorías menos robustas) en el próximo legislativo.
El binomio ganador requerirá de ajustes urgentes (sector laboral, régimen tributario) para construir gobernabilidad y certezas de solución. El escenario de gobernanza con el legislativo, como cuerpo colegiado en dispersión, será un desafío principal para el primer semestre del nuevo gobierno y la forma en que el legislativo acompañe o no a esos ajustes.
Construir la agenda legislativa en un contexto de dispersión debe poner al gobierno entrante en claridad de lo que propondrá a nivel legal. Dar el primer paso será fundamental para ganar la opinión pública y proponer las reformas urgentes.
Este triple reto de gobernanza, en adición al natural desafío de generar certezas y al mismo hecho de gobernar, configura un gobierno cuya transición será de largo aliento, y cuya capacidad de insuflación dependerá de acciones inmediatas en salud, economía y empleo para la ciudadanía.
