Este domingo 17 de enero de 2021 el Consejo Nacional Electoral dio cabida al segundo y último día de debate presidencial entre los 16 candidatos a la primera magistratura.
Con ello, permitió que los ciudadanos conozcan de primera mano la postura y planteamientos de los 16 candidatos a la Presidencia de la República. Así, también abrió el camino para la definición del voto rumbo a las elecciones del próximo 7 de febrero de 2021.
A continuación, Primera Plana trae un resumen de las propuestas de los aspirantes al sillón de Carondelet.
Sobre corrupción e institucionalidad democrática en el grupo A
El primero en intervenir en el debate fue el candidato a la Presidencia por el movimiento SUMA, Guillermo Celi. Para él, es importante la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio. Así, explicó que si la Asamblea Nacional no aprueba la Ley, «yo llamaré, en los primeros 90 días de mi gobierno a una consulta popular para aprobar el texto íntegro de la ley». Además, resaltó que es importante que la justicia y la Fiscalía cuenten con los recursos necesarios para sus funciones y que esta última cuente con independencia frente al Consejo de la Judicatura. Además, cuestionó la reconstrucción de las zonas afectadas de Manabí «el Hospital de Pedernales está aún en carpas», criticó.
Isidro Romero, candidato por el movimiento Avanza, aprovechando el tema de lucha contra la corrupción, señaló directamente a los políticos, en general, y al presidente Lenín Moreno, en particular, como responsables «del mayor atraco de la historia». «Señor Lenín Moreno, usted no debió haber permitido el robo y el atraco de los intereses del pueblo ecuatoriano y, sobre todo, en la pandemia donde no hubo perdón ni para los muertos», explicó.
Por su parte, Yaku Pérez, candidato por el movimiento indígena Pachakutik, prometió la eliminación del Consejo de la Judicatura en una consulta popular. «Es parte de la desintitucionalidad democrática en este país», dijo el candidato.
El candidato por Unión Ecuatoriana, Giovanny Andrade, cuestionó el beneficio de «inmunidad» del que gozan algunos dignatarios y funcionarios. Por ello, explicó que «en nuestro gobierno va a desaparecer la «inmunidad» para que cualquier funcionario esté listo para afrontar la justicia por temas de corrupción».
Para Andrés Arauz, candidato por UNES, es importante fortalecer al sistema bancario con controles. Así mismo, prometió la participación de toda la ciudadanía. Explicó que «vamos a generar una política pública totalmente participativa. Estamos viviendo la democracia 3.0 donde todos tenemos la oportunidad de aportar a nuestro plan de gobierno a través de ‘Wikiplan'», explicó.
Paul Carrasco, del movimiento Podemos explicó que conformará un sistema con los ciudadanos para que existan los jueces sin rostro. Así mismo, declaró que aplicará la muerte civil de ciudadanos, funcionarios y empresarios que se han permitido la coima.
De su lado, Carlos Sagnay, de Fuerza Ecuador, explicó que no existirá la corrupción en su gobierno. «Nadie va a robar en mi gobierno y, el primero que esté robando, lo vamos a mandar a la cárcel con cadena perpetua, no habrá 2 por 1 tendrá que trabajar para su alimentación porque transferiré ese presupuesto de alimentación de los delincuentes para alimentación de los niños y jóvenes», sintetizó.
En cambio, Juan Fernando Velasco, del movimiento Construye Ecuador, dedicó la mayor parte de su intervención para confrontar a Arauz. Así, recordó un contrato que firmó el ahora candidato por UNES en el Ministerio de Cultura. Arauz, de su lado, se desvinculó de las declaraciones y mostró un documento que avala que no tiene ninguna notificación por parte de la Contraloría General del Estado.
Sobre relaciones internacionales y derechos humanos en el grupo A
El candidato Sagnay propuso la creación de la Agencia Nacional de Desarrollo (Andes). Su fin, explicó, consistirá en la unión de varias instituciones, incluso financieras, para promocionar los productos ecuatorianos en diferentes lugares del mundo. Así mismo, prometió que «daremos capacitación a nuestros artesanos para que promuevan sus conocimientos».
Guillermo Celi resaltó el apoyo que otorgará a las mujeres. Por ello, dijo que a través de su propuesta «fondo de reactivación económica actual y pospandemia», entregará no menos del 50% de capitales semillas para la mujer ecuatoriana.
En ese mismo eje, Andrade se refirió a la lucha contra la violencia hacia la mujer. Su propuesta: «endureceremos las penas para que el delincuente violador se quede en la cárcel de por vida». Esa decisión, explicó, la tomará en conjunto con el pueblo ecuatoriano a través de una consulta popular.
Romero dio cabida a los derechos de los pueblos indígenas y originarios. Criticó que «el Ecuador se ha olvidado del mundo indígena. En mi gobierno todos los ecuatorianos tendrán las mismas oportunidades», dijo para contar una anécdota que vivió el mismo domingo 17 de enero en la ciudad de Latacunga donde le otorgaron el bastón de mando.
De su lado, a Velasco le entregaron el tema de recursos naturales. En ese sentido, explicó que «si bien necesitamos los recursos naturales para garantizar derechos, haremos las consultas necesarias con los pueblos originarios. Las decisiones se toman de manera consensuada», para referirse a una consulta popular al respecto.
Arauz resaltó la integración internacional como una salida para confrontar la actual emergencia sanitaria por Covid-19. Así, prometió que retomará la integración internacional, sobre todo, con la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Así mismo, anunció que mantuvo reuniones hace pocos meses con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. El mandatario de Argentina «nos garantizó el apoyo con 4,4 millones de dosis (de la vacuna contra Covid-19)», resaltó.
De su lado, Pérez retomó la necesidad de cuidar la naturaleza. Por ello, explicó que en su gobierno será prioritario implementar el tratado de Kyoto y el acuerdo de París. Así, dijo que llamará a una consulta popular para que la ciudadanía se pronuncie sobre la minería cercana a fuentes de agua.
Carrasco, sobre la presencia de ciudadanos venezolanos en el Ecuador a causa de la grave crisis en Venezuela, explicó que es necesario aplicar un censo. Con ello, prevé conocer «qué hermanos venezolanos tienen trabajo, quiénes tienen trabajo, quiénes tienen pasado judicial», dijo. Sobre estos últimos, los extranjeros con pasado judicial, dijo que aplicará la deportación.
Sobre corrupción e institucionalidad democrática en el grupo B
El candidato por la alianza Partido Social Cristiano PSC-CREO, Guillermo Lasso, prometió reformar el Código de la Democracia para eliminar «esos partidos y movimientos que están de alquiler». Es decir, criticó a las organizaciones políticas que plantean candidatos que no pertenecen a su militancia.
César Montúfar, candidato por la alianza Honestidad (movimiento Concertación y Partido Socialista Ecuatoriano), criticó la gestión de la justicia en torno a los casos en los que estuvo involucrada la empresa Odebrecht. «Es una vergüenza que por los hechos de corrupción que cometió en el país, esté liberada», explicó y prometió que la procesará. Así mismo, explicó que desarrollará una plataforma electrónica para detectar «por dónde se roban el dinero de los ecuatorianos». Por ello, prometió extraditar a los prófugos de la justicia que se robaron el dinero del Ecuador.
De su lado, Ximena Peña, de Alianza PAIS, prometió implementar un gobierno de gestión de gobierno abierto. Así, explicó que harán uso de la tecnología para que se transmitan en tiempo real las reuniones de toma de decisiones. Además, resaltó que «vamos a profesionalizar el servicio público para evitar que los espacios del jerárquico superior sean funcionarios puestos a dedo».
El expresidente Lucio Gutiérrez y ahora candidato por el Partido Sociedad Patriótica (PSP), adelantó que en su gobierno modificará «todas las leyes que se cambiaron en el gobierno de Rafael Correa». Así mismo, explicó que solicitará el pasado judicial «para que los extranjeros delincuentes no ingresen al Ecuador».
Desde Democracia Sí, el candidato Gustavo Larrea enfatizó en que realizará una reforma constitucional de fondo «para recuperar la democracia, las libertades, la independencia de las funciones del Estado». Ello explicó, en torno a la gestión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Sobre el organismo, dijo que «ha demostrado que no es posible institucionalizar la participación ciudadana. Solo sirvió para meter la mano en las distintas funciones».
Por Ecuatoriano Unido, Gerson Almeida, destacó la fortaleza del petróleo en la economía ecuatoriana y criticó la corrupción que existe. Por ello, dijo que «vamos a crear una comisión con carácter retroactivo, administrativa, que lleve funciones sumarísimas para romper la cabeza de la corrupción.
Pedro José Freile, del movimiento Amigo explicó que la educación será la carta fuerte para erradicar la corrupción. Así dijo que «todo el sistema de educación tiene que reorientarse a sincerar la historia del país y enfocarnos en empoderar a las familias para que puedan guiar en valores a sus hijos.
De su lado, Xavier Hervás, propuso «liderar una nueva política en la que la corrupción no siga robando el desarrollo». Además, resaltó que propondrá la bicameralidad en la Asamblea Nacional. «No hay que permitir que los asambleístas envíen a sus suplentes para votar en los temas sensibles», dijo.
Sobre relaciones internacionales y derechos humanos en el grupo B
Lasso planteó la necesidad de privilegiar las relaciones con los socios comerciales que generan desarrollo al Ecuador. Por ejemplo, citó a los Estados Unidos y explicó que buscará un Tratado de Libre Comercio con ese país.
Para Montúfar es urgente implementar el plan de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer y otras formas de violencia. Por ese motivo, dijo que dará prioridad al fortalecimiento de las casas de acogida. Así mismo, prometió que las mujeres violentadas tendrán acceso a la justicia y al apoyo psicológico. Además, explicó que «vamos a trabajar para que la violencia en contra de la mujer no se realice en los espacios escolares. Vamos a trabajar para atacar las formas de todos los delitos de odio».
De su lado, Peña planteó mantener la Ley de Comunicación, pero seguirla reformando «para garantizar libertades». Además, resaltó que «garantizaremos la labor de los periodistas con derechos de trabajo, la protección laboral y la seguridad al momento de realizar su trabajo. Promoveremos normas legales para nuestros hermanos que trabajan en el sector de la comunicación».
El candidato Almeida se mostró contrario a la despenalización del aborto. «El Ecuador debe garantizar la vida desde la concepción porque así dice la ley. El violador debe ser agravado», puntualizó.
De su lado, Freile habló sobre los sectores afectados por la pandemia a causa del Covid-19. Lamentó el golpe que sufrieron el sector hospitalario y el turismo. Así, dijo que durante los cuatro años de su gobierno, esos sectores no pagarán impuestos «hasta que la industria pueda volverse vigorosa».
Gutiérrez, volvió a hablar sobre corrupción. En torno al tema, planteó aprobar un nuevo Código Orgánico Integral Penal para sancionar con cadena perpetua a «todos los políticos ladrones». En ese marco dijo que «si no devuelven la plata en tres meses, todo su entorno de testaferrismo irán presos hasta que devuelvan la plata».
Larrea destacó la importancia de las buenas relaciones con todos los países del mundo no solo en el ámbito económico, sino también para luchar contra el cambio climático. Además, criticó la designación «a dedo» de directores en hospitales. En ese sentido, dijo que «en mi gobierno, los mejores evaluados serán los que ocuparán las altas direcciones».
Finalmente, Hervás resaltó que «yo no estoy a favor del aborto, pero sí de la mujer. Quien haya sido violentada, debe elegir si quiere seguir o no con el embarazo». Es decir, abrió la posibilidad para que en su posible gobierno se despenalice el aborto.
