El Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) abrió la jornada judicial del viernes, 21 de noviembre, solicitando a la Corte Constitucional una reparación integral por la presunta desaparición forzada de cuatro menores de edad en el caso Las Malvinas.
La petición incluye disculpas públicas de todas las autoridades involucradas, medidas de no repetición, jurisprudencia clara sobre el alcance del hábeas corpus y una indemnización económica proporcional al daño causado. La organización sostuvo que ninguna reparación podrá devolver la vida de los niños, pero que el Estado debe asumir su responsabilidad y garantizar que hechos similares no vuelvan a ocurrir.
La solicitud fue presentada durante la audiencia reservada instalada este viernes, como parte del análisis de la acción extraordinaria de protección interpuesta por las familias. La diligencia, presidida por la jueza constitucional Alejandra Cárdenas, se extendió por casi cuatro horas y contó con la participación de las partes, autoridades citadas y expertos registrados como amigos de la corte, según confirmó el CDH al cierre de la sesión.
Fernando Bastias, abogado del Comité y patrocinador legal de las familias, expuso ante el Tribunal evidencias de violencia física, psicológica y sexual que habrían sufrido los cuatro menores tras una detención que la defensa tilda de ilegal. La audiencia se desarrolló de manera virtual y con acceso restringido. Las partes tienen ahora ocho días para sustentar documentos y argumentos adicionales.
Un proceso histórico
Se trata del primer caso de desaparición forzada que llega al máximo tribunal constitucional. Bastias afirmó que su tratamiento podría abrir el camino hacia la verdad y la justicia para otros 43 casos similares registrados en el país. Aunque la Corte no tiene un plazo legal para dictar sentencia, al haber priorizado el proceso se espera una resolución antes de fin de año.
El caso llegó a la Corte después de que la Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas revocó un hábeas corpus que había reconocido la desaparición forzada de Josué Arroyo (14 años), Ismael Arroyo (15 años), Steven Medina (11 años) y Nehemías Arboleda (15 años). Los adolescentes fueron detenidos el 8 de diciembre de 2024 durante un operativo militar en el sur de Guayaquil, cerca del barrio Las Malvinas, y sus cuerpos aparecieron calcinados 16 días después en la parroquia de Taura, en Naranjal (Guayas).
La Corte deberá determinar si, al revocar el hábeas corpus, la Sala Penal vulneró derechos constitucionales como el debido proceso, la motivación y la tutela judicial efectiva. El CDH también pidió que el Tribunal realice un examen de mérito y ordene las medidas de reparación solicitadas y aquellas que considere necesarias para restituir derechos y sentar precedentes.
Lo que pide el CDH
La reparación integral planteada por el Comité comprende:
- Disculpas públicas de todas las instituciones estatales implicadas.
- Medidas de no repetición, incluyendo la creación de protocolos para desapariciones forzadas, inexistentes en la normativa actual.
- Jurisprudencia clara sobre hábeas corpus en casos de detención e incomunicación por agentes del Estado.
- Indemnización económica, sin un monto específico, pero acorde con los estándares constitucionales.
El país espera ahora el pronunciamiento de la Corte Constitucional, cuya decisión podría marcar un precedente en la lucha contra la desaparición forzada y redefinir la respuesta estatal ante casos donde participan fuerzas de seguridad.
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