La Contraloría General del Estado aprobó el informe de la auditoría realizada al contrato para la implementación de radares en Cuenca, suscrito por la Empresa Municipal de Movilidad (EMOV) durante la administración del exalcalde Pedro Palacios. Como resultado del examen, el organismo de control determinó indicios de responsabilidad penal y recomendó sanciones administrativas y civiles por varios millones de dólares.
El contrato fue adjudicado en 2022 al Consorcio Móvil Technology Ecuador para la implementación de una plataforma integral de gestión, control y sanción de infracciones de tránsito mediante radares instalados en la autopista Cuenca–Azogues y en distintos puntos de la ciudad.
Hallazgos de la auditoría
La Contraloría informó que la acción de control se centró en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2022 y el 30 de junio de 2025. El resultado del examen fue difundido mediante un comunicado oficial emitido el 18 de diciembre de 2025.
Según el informe aprobado, la auditoría determinó indicios de responsabilidad penal y sugirió la imposición de sanciones administrativas por USD 73.050, así como responsabilidades civiles por USD 5’486.799,02, relacionadas con la ejecución del contrato.
El contrato
Desde su adjudicación, el contrato fue ampliamente cuestionado en Cuenca, principalmente porque establecía que el consorcio privado recibiría el 40 % del valor de las multas de tránsito generadas por los radares. Este punto provocó críticas de sectores ciudadanos y políticos.
Uno de los principales opositores al contrato fue el actual alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, quien en ese entonces se desempeñaba como concejal. La eliminación de los radares se convirtió en una de sus principales promesas de campaña electoral.
Terminación del contrato y estado actual de los radares
Tras asumir la Alcaldía, Zamora cumplió su ofrecimiento. El 25 de agosto de 2023 anunció la “firma del acta de defunción” de los radares de control de velocidad instalados en la ciudad. Posteriormente, el Municipio de Cuenca dio por terminado el contrato de mutuo acuerdo con Móvil Technology.
Aunque los radares dejaron de emitir multas, los equipos nunca fueron retirados y hasta la fecha permanecen instalados en las vías de la ciudad, mientras el informe de la Contraloría abre la puerta a procesos administrativos, civiles y penales derivados de este cuestionado contrato.
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