Con 14 votos a favor, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó este lunes, 22 de diciembre de 2025, la Ordenanza para la Sostenibilidad y Mejora del Servicio de Gestión Integral de Residuos Sólidos. La normativa dispone que, a partir de 2026, la Tasa de Recolección de Basura (TRB) se cobre a través de la planilla de agua potable.
La decisión se adoptó luego de que el Gobierno central suspendiera de forma unilateral el cobro de la TRB mediante la planilla eléctrica, una medida que afectó a varios municipios del país. Ante este escenario, la administración municipal presentó un nuevo esquema con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio, asegurar su sostenibilidad financiera e incorporar criterios de corresponsabilidad ciudadana y justicia social.
Durante la sesión del Concejo, el alcalde Pabel Muñoz afirmó que el Municipio actuó de manera inmediata frente a la suspensión del cobro en la planilla de luz. Explicó que la ciudad buscó una alternativa que permita mantener el servicio de recolección de basura y, al mismo tiempo, incentive un uso responsable del agua potable.
El concejal Fidel Chamba, presidente de la Comisión de Presupuesto, señaló que el análisis de la ordenanza incluyó mesas de trabajo con todos los sectores involucrados, entre ellos el industrial.
De acuerdo con estimaciones municipales, seis de cada diez usuarios pagarán lo mismo o menos que cuando la tasa se cobraba a través de la planilla eléctrica. En total, el 59 % de los usuarios tendrá un valor igual o inferior al anterior.
Cambios en la Contribución Especial de Mejoras
En la misma sesión, el Concejo Metropolitano aprobó la reforma a la Contribución Especial de Mejoras, una propuesta impulsada por el alcalde Muñoz para corregir inequidades históricas en el cobro de obras públicas y aliviar la carga económica que ha recaído sobre determinados vecinos.
Muñoz cuestionó que durante años el esquema no haya sido revisado desde un enfoque de equidad y sostuvo que las obras financiadas con presupuestos participativos deben entenderse como un esfuerzo metropolitano para reducir desigualdades territoriales, y no como una obligación exclusiva de los frentistas.
La reforma establece que la CEM dejará de recaer únicamente en quienes viven frente a una obra. El costo se distribuirá entre todos los beneficiarios reales: si una intervención beneficia a dos barrios, el valor se dividirá entre ambos; si el impacto es parroquial, zonal o distrital, el cobro se aplicará de manera proporcional en esos niveles.
Con este nuevo esquema, un vecino que antes podía pagar alrededor de $ 500 por la rehabilitación de su calle podría llegar a pagar apenas un dólar. La normativa define cuatro niveles de aplicación —local, parroquial, zonal y distrital— y amplía el plazo máximo de pago de 10 a 20 años. La reforma se aplicará únicamente a las obras ejecutadas desde 2026 mediante presupuestos participativos.
Post relacionados
