El denominado caso Malvinas, relacionado con la desaparición forzada y muerte de Nehemías, Josué, Ismael y Steven, los cuatro menores de Guayaquil, continúa abierto en varias instancias judiciales y administrativas, pese a la sentencia condenatoria, calificada como “histórica”, emitida contra militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
Aunque el tribunal penal sentenció a los responsables por desaparición forzada, el proceso judicial no concluye allí. En Quito permanece abierta una investigación previa por el delito de secuestro con muerte, a cargo de la Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad Nacional de Investigación de Delincuencia Organizada (Unidot).
La defensa de las familias espera que la sentencia impulse esta línea investigativa, que no solo menciona a militares, sino también a posibles integrantes de grupos de delincuencia organizada.
Abraham Aguirre, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), señaló que en los próximos días podrían activarse diligencias clave para determinar responsabilidades directas en la muerte de los cuatro niños, advirtiendo que revelar detalles de la fase investigativa podría incluso configurar un delito.
De forma paralela, los abogados de las víctimas presentaron una acción de hábeas corpus, actualmente en conocimiento de la Corte Constitucional.
El organismo aún tiene pendiente la elaboración y presentación de un proyecto de sentencia, que deberá ser debatido por el Pleno, lo que convierte a este recurso en otro frente clave dentro del caso.
Pronunciamiento y exigencias desde Naciones Unidas
Desde el ámbito internacional, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas solicitó al Estado ecuatoriano que hasta el 12 de febrero esclarezca plenamente la muerte de los menores.
Entre los requerimientos constan:
- una estrategia de investigación integral que incluya posibles vínculos entre agentes estatales y estructuras criminales;
- acceso irrestricto de la Fiscalía a archivos militares y de inteligencia;
- sanciones para quienes obstruyan las investigaciones;
- y medidas de protección para las familias, defensores de derechos humanos y agentes fiscales.
Una sentencia calificada como histórica
El CDH calificó como histórica la sentencia emitida el lunes 22 de diciembre de 2025 por el tribunal que juzgó a militares de la FAE por la desaparición forzada de Nehemías, Josué, Ismael y Steven, detenidos arbitrariamente el 8 de diciembre de 2024 en el sur de Guayaquil y cuyos restos fueron hallados el 24 de diciembre del mismo año.
De los 17 militares procesados:
- 11 fueron condenados a 34 años y 8 meses de prisión;
- cinco recibieron penas reducidas de 30 meses, tras acogerse a la cooperación eficaz;
- y uno fue absuelto, al demostrarse que no tuvo posibilidad de evitar el delito.
Reparación integral y disculpas públicas
La sentencia pone especial énfasis en la reparación integral a las familias. Organizaciones sociales anunciaron que vigilarán el cumplimiento estricto de estas medidas. Entre las medidas ordenadas al Estado se incluyen:
- Disculpas públicas desde las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, reconociendo la inocencia de los niños y rechazando cualquier discurso estigmatizante.
- La realización de una Ceremonia de Desagravio en la Base Aérea de Taura, con la colocación de una placa con los nombres de las víctimas.
Procesos disciplinarios dentro de la Fuerza Aérea
La sentencia penal también aceleró los procesos disciplinarios internos en la FAE. En el expediente fiscal consta que la institución abrió un proceso administrativo por “faltas graves” contra los uniformados, relacionados con:
- la presunta elaboración de partes falsos;
- y el incumplimiento de protocolos durante el operativo del 8 de diciembre de 2024, ejecutado por la patrulla denominada Tango Charlie.
El Tribunal de Disciplina del Comando de Operaciones Aéreas, Espaciales y Defensa (Coaed) se instaló desde el 23 de diciembre de 2024, un día antes del hallazgo de los cuerpos calcinados de los menores en una zona de manglares, a 11 kilómetros al sur de Taura.
A un año de los hechos, el caso Las Malvinas sigue abriendo nuevos frentes judiciales, constitucionales, disciplinarios e internacionales. La sentencia penal marca un precedente histórico, pero las familias y organizaciones de derechos humanos insisten en que la verdad, la justicia completa y la reparación efectiva aún están en proceso.
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