Por: Suelen Granda Avilés
Ecuador atraviesa una emergencia nacional que las estadísticas apenas alcanzan a describir en su total crudeza. Entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2025, la Fundación ALDEA ha registrado una cifra desgarradora: 349 femicidios. Esto significa que, en promedio, una mujer es asesinada por razones de género casi cada día en el país.
Esta hemorragia de violencia no discrimina edades ni proyectos de vida: la víctima más joven tenía apenas 11 meses y la mayor, 83 años. Detrás de cada número hay una historia y una familia quebrada, con el agravante de que 109 de estas mujeres eran madres, lo que ha dejado a 137 niños en la orfandad solo este año.
La crisis no es solo un drama humano; es un lastre estructural para el país. Bajo la visión técnica de Viviana Maldonado, coordinadora del programa PreviMujer de la cooperación alemana GIZ, se ha determinado que la violencia contra las mujeres le cuesta al Ecuador la astronómica suma de USD 4.608 millones al año, lo que equivale al 4,25% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Esta cifra supera incluso el total de remesas que ingresan al país por parte de los migrantes, según explica Marcia Yazbek, líder gremial, abogada y exvicepresidenta de la Cámara de Comercio de Quito, lo que revela que la violencia es una pérdida neta que nace del silencio y la impunidad. El programa En Voz Alta, de Primera Plana, ha servido como plataforma para desmenuzar esta realidad, demostrando que la prevención no es solo una cuestión ética, sino la inversión más rentable que el Estado y la empresa privada pueden realizar.
La arquitectura del prejuicio y la “pedagogía de la crueldad”
La violencia no se manifiesta espontáneamente con un femicidio; se siembra desde la infancia mediante estereotipos de género que asignan papeles rígidos a hombres y mujeres. Viviana Maldonado señala que estos prejuicios, carentes de fundamento científico, atraviesan la casa, la escuela y el trabajo, condicionando las aspiraciones de las niñas.
La brecha se cristaliza también en la educación superior y el mercado laboral: en Ecuador, solo el 28% de quienes se dedican a la ciencia son mujeres, según Claudia Segovia Salcedo, cofundadora de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas (REMCI). A pesar de los avances, la brecha de género en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) sigue siendo profunda, alimentada por una estructura que, desde las aulas, insinúa que ciertas disciplinas son “naturalmente” masculinas.
Un estudio de la GIZ y la Universidad San Martín de Porres (USMP) reveló que seis de cada 10 estudiantes y docentes justifican la violencia de género basándose en estos mismos estereotipos tradicionales, convirtiendo los espacios donde debería nacer el pensamiento crítico en laboratorios de normalización del maltrato y la exclusión.
Ricardo Rosales, vicepresidente de Ecuador Violencia Cero, advierte que esto forma parte de una “pedagogía de la crueldad” que disciplina a los hombres para reprimir sus emociones desde niños bajo frases como “no llores, sé hombrecito”, mutilando su capacidad de sentir y reforzando una superioridad emocional que perpetúa relaciones desiguales. Esta estructura legitima el maltrato en todos los niveles, incluyendo el sistema de salud, donde cinco de cada 10 mujeres han sufrido violencia gineco-obstétrica en camillas y salas de parto, de acuerdo con el estudio.
Sin embargo, el desafío de erradicar estas dinámicas se fundamenta en la premisa de que si la violencia es un comportamiento aprendido, también puede desaprenderse. A través de metodologías participativas como el cineforo y el teatro-foro, es posible que las nuevas generaciones cuestionen los patrones culturales y transformen narrativas violentas en propuestas de convivencia pacífica, exigiendo una acción sistémica donde el Estado, las instituciones y las familias desmonten la masculinidad hegemónica desde la primera infancia para cerrar, finalmente, las brechas de poder y conocimiento.
El campus como laboratorio de paz: La academia frente a la normalización
La educación superior en Ecuador ha dejado de ser un observador pasivo para convertirse en un actor estratégico mediante modelos como el de la Universidad del Azuay (UDA), donde la prevención de la violencia de género es una pieza estructural de la formación académica. María Paz Jara, coordinadora del Departamento de Equidad y Género de la UDA, sostiene que el mayor obstáculo es la normalización de la violencia psicológica —control, manipulación y aislamiento—, la cual suele minimizarse como un “asunto privado”.
Para romper este ciclo, la institución implementó el curso obligatorio “Universidades Seguras” con el apoyo de la GIZ, integrando temas de nuevas masculinidades y derechos en la malla curricular de todos sus estudiantes. Este enfoque holístico trasciende las aulas e impacta en la arquitectura misma del campus, utilizando iluminación y transparencia física para eliminar zonas de riesgo, lo que le otorgó la certificación de “cero tolerancia a la violencia”.
Según Jara, el acompañamiento interdisciplinario a sobrevivientes y la respuesta inmediata ante casos de acoso demuestran que, si bien la universidad refleja las fracturas de la sociedad, también posee la capacidad de transformar la cultura mediante políticas sostenidas que conviertan el respeto en la base innegociable del aprendizaje.
El laberinto judicial: La impunidad como mensaje estatal
Cuando la prevención falla, el sistema judicial ecuatoriano suele convertirse en un segundo agresor. Deyanira Moreta Carvajal, especialista en litigio estratégico de Surkuna, revela una estadística que explica la desconfianza ciudadana: apenas el 4,5% de las denuncias por violencia sexual concluyen con una sentencia condenatoria. El 95,5% restante de los casos queda en el limbo, muchas veces por la falta de jueces especializados o por una visión que culpabiliza a la víctima.
El consentimiento sigue siendo un derecho incomprendido en las cortes y en las calles. “El consentimiento es constante y debe ser respetado en todo momento; un ‘sí’ inicial no es un cheque en blanco”, enfatiza Moreta. La historia de la justicia en Ecuador está marcada por omisiones fatales, como el caso de Paola Guzmán Albarracín, cuya muerte tras sufrir abusos sistemáticos de un directivo escolar llevó al Estado a ser condenado por la Corte IDH después de 20 años de lucha. Sin una Educación Sexual Integral (ESI) que enseñe a los niños a nombrar y proteger sus cuerpos, la justicia seguirá llegando tarde o, peor aún, nunca llegará.
Expertos como Juan Pablo Albán Alencastro y Annabell Guerrero Pita advierten que en Ecuador la dignidad de las mujeres es una promesa incumplida; cifras del INEC revelan que el 65% de las ecuatorianas ha vivido algún tipo de violencia, una realidad que se vuelve sistemática y que, desde la mirada internacional, sitúa al país con tasas que superan los promedios mundiales.
Esta crisis se ha visto agravada por retrocesos institucionales críticos, como la fusión del Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Gobierno, una decisión que, según Guerrero, debilita la capacidad de aplicar leyes especializadas y contradice obligaciones internacionales como la Convención de Belém do Pará. Sin presupuesto ni voluntad política, la normativa se vuelve “cosmética”, dejando a las mujeres indígenas, afroecuatorianas y migrantes en una vulnerabilidad multiplicada donde la justicia es lenta y la impunidad, la norma. Esta falta de institucionalidad no solo cuesta vidas, sino que alimenta un drenaje de recursos públicos y privados que asfixia la economía nacional.
El impacto en la productividad y el despertar empresarial
Uno de los mitos más dañinos es creer que la violencia termina en la puerta del hogar. El impacto económico es devastador para el sector privado: se estima que las empresas pierden cerca de USD 1.800 millones anuales debido al ausentismo, la rotación de personal y el “presentismo” —estar físicamente en el trabajo pero con la mente nublada por el trauma— de las mujeres afectadas.
Esta crisis se sustenta en una realidad estadística alarmante revelada por el Dr. Arístides Vara, director del Instituto de Investigación de la USMP, tras encuestar a 11.000 trabajadores en Ecuador: 1 de cada 3 trabajadoras ha sido agredida por su pareja en el último año, mientras que 1 de cada 3 hombres admite haber ejercido violencia. Ecuador ocupa el segundo lugar en violencia contra las mujeres en Sudamérica, una posición que drena la productividad nacional y empuja a las familias más pobres hacia la inseguridad alimentaria, obligando a las mujeres a elegir entre pagar una cita médica por una agresión o comprar alimentos.
Frente a este escenario, Nydian Rodríguez, gerente corporativa de Responsabilidad Social del Grupo CID, relata cómo su organización enfrentó el reto mediante protocolos de detección en alianza con la GIZ. El objetivo fue romper el silencio y la negación, obstáculos que Rodríguez describe con crudeza: “Muchas veces creemos que en nuestro entorno no hay violencia. Pero sí la hay, solo que está enquistada en la cultura”. La estrategia logró sensibilizar a más de mil colaboradores directos y 5.000 indirectos, demostrando que invertir en prevención no es un gasto, sino una ganancia. El Dr. Vara respalda esta visión citando casos donde las empresas recuperan hasta $1,24 por cada dólar invertido en programas contra el acoso y la violencia.
Al obtener el sello “Empresa Segura”, el Grupo CID descubrió que la ética es rentable: sus ventas subieron entre un 15% y 20%, evidenciando que la sociedad premia a las empresas que toman partido. Además, el programa generó autonomía económica para sobrevivientes; de 70 mujeres capacitadas, el 10% ya es parte de la cadena de abastecimiento del grupo.
Como sostiene Marcia Yazbek: una mujer que vive sin violencia es financieramente estable, cumple sus créditos y dinamiza la economía local. En un país donde la red solidaria entre mujeres evita que el sistema colapse, la empresa privada aparece hoy como un actor clave para transformar la vulnerabilidad en independencia económica y proyectos sostenibles.
Amazonía y nuevas fronteras: Ruralidad y violencia digital
En la región amazónica, la crisis cobra dimensiones geográficas y culturales específicas. Provincias como Morona Santiago presentan un 79% de prevalencia de violencia, seguida por Napo con un 77,7%. Auxilio Vera López, presidenta de la Red de Mujeres Amazónicas, destaca un hito histórico: tras años de incidencia técnica apoyada por GIZ, lograron que la reforma a la Ley Amazónica destine un porcentaje de los réditos petroleros y asigne USD 14,4 millones para acciones dirigidas a combatir la violencia de género. Esto porque la Amazonía tiene un índice de feminidad más alto que el resto del país. “Estamos hablando de una problemática que afecta al 51% de la población amazónica. Son mujeres en riesgo permanente”, alerta Auxilio.
En Cotacachi, donde ya se han registrado tres femicidios desde 2019, el enfoque se centra en la “violencia espiritual”. Irma Torosina, lideresa local, resalta cómo el desprecio a los saberes de las parteras y la imposición de visiones externas son también formas de agresión. Además, las mujeres rurales enfrentan múltiples vulnerabilidades: desigualdad económica, sobrecarga de trabajo doméstico, discriminación y falta de respuesta institucional. A eso se suma el peso de los roles tradicionales: las lideresas que asumen cargos comunitarios o parroquiales suelen continuar siendo responsables del hogar, sin redes de apoyo que les permitan ejercer sus funciones plenamente. La justicia comunitaria surge aquí como un espacio de resistencia y sanación.
Simultáneamente, la violencia ha encontrado un nuevo territorio en el mundo digital, donde ChildFund Ecuador ha identificado 21 tipologías de agresiones, destacando por su peligrosidad el grooming —donde adultos suplantan identidades infantiles para manipular o abusar de menores— y la sextorsión, que implica la difusión no consentida de contenido íntimo. Grace Vásquez, especialista de dicha organización, advierte que mientras siete de cada 10 niños ecuatorianos acceden a dispositivos móviles, solo tres de cada 10 padres saben cómo acompañarlos, un vacío de protección alarmante considerando que el 3% de los adolescentes afirma haber recibido videos sexuales sin solicitarlos, provenientes en su mayoría de personas conocidas.
Estas amenazas no son problemas virtuales, sino realidades con consecuencias devastadoras como cuadros de ansiedad severa e ideación suicida; por ello, la alfabetización mediática ha dejado de ser un lujo para convertirse en una necesidad urgente que busca que el uso de la tecnología sea, ante todo, seguro, crítico y responsable. Eso se logra cuando los adultos mantienen conversaciones cotidianas con los niños y jóvenes donde se cree confianza para saber con quién chatean o si algo les hizo sentir incómodos.
Además, expertas como Susana Godoy proponen una “Internet feminista” que transforme el entorno digital de un campo de batalla contra las mujeres y la comunidad LGBTIQ+ en una herramienta de empoderamiento. Esta necesidad es crítica, pues Godoy advierte que, según un reciente estudio de ONU Mujeres, la captación para trata con fines de explotación a través de plataformas digitales ha aumentado drásticamente, demostrando que la violencia digital no es un malentendido, sino una agresión real con consecuencias físicas y emocionales. Frente a esto, la especialista insta a abandonar la idea de la “autoprotección” individual para exigir una prevención colectiva basada en políticas públicas, regulaciones claras y la responsabilidad directa de las plataformas tecnológicas en la garantía de la seguridad de sus usuarios.
Tecnología con propósito: El refugio digital que habla el idioma de las jóvenes
Frente al vacío de información segura que dejó la pandemia, nació la Fundación Aliada y su herramienta estrella: ALI, un chatbot en WhatsApp que utiliza inteligencia artificial con enfoque de género para prevenir violencias. Según Valeria Chérrez, coordinadora de proyectos de la organización, el objetivo fue transformar la tecnología en un espacio seguro que democratice el acceso a la educación sexual integral sin juzgar ni solicitar datos personales. “Queríamos que la tecnología sirva para bien, no para reforzar estereotipos o generar miedo”, explica Chérrez, destacando que detrás de cada respuesta hay un equipo interdisciplinario de psicólogos y expertos validando la información con rigor científico y empatía.
El éxito de esta aliada digital es contundente: hasta julio de 2025, ALI ha acompañado a más de 1.700 personas, procesando más de 32.000 mensajes con un nivel de satisfacción donde el 86% de las usuarias resolvió sus dudas. Al operar en la aplicación más usada del país, esta herramienta permite abrir conversaciones difíciles que suelen evitarse en el entorno familiar o escolar. Para la fundación, cada mensaje representa una oportunidad de prevenir abusos o embarazos adolescentes, demostrando que la tecnología con ética puede ser un motor de autonomía. Como enfatiza Chérrez, la información verificada salva vidas y ALI es la prueba de que un mensaje de WhatsApp puede ser el inicio de un proceso de libertad y esperanza.
La raíz invisible: Autoestima y la psicología del control
El autoestima, definida por el Dr. Abel Pérez, psiquiatra de la Clínica pediaCARE, como el valor y respeto que nos profesamos, se construye críticamente entre los 4 y 10 años. Durante esta etapa, las experiencias de descalificación o devaluación siembran la semilla de relaciones adultas basadas en la necesidad y el control en lugar del amor. En estas dinámicas, las personas dependientes buscan aprobación constante para validar su existencia, mientras que quienes controlan intentan paliar su propia inseguridad imponiendo rigidez y vigilancia. Esta asimetría de poder no solo vulnera derechos fundamentales, sino que dispara el riesgo de depresión, trastornos del sueño y una infelicidad compartida que afecta incluso el desarrollo de los hijos.
Detectar señales tempranas como la necesidad de aprobación o el uso de herramientas de vigilancia como el GPS es vital para romper ciclos de dependencia emocional. El fortalecimiento de la salud mental parte de la conciencia sobre los patrones infantiles y requiere de un entorno seguro brindado por la familia, docentes y redes de apoyo. Para el Dr. Pérez, el camino hacia la autonomía se garantiza mediante el acceso a servicios de salud mental y políticas de Estado que promuevan la equidad, permitiendo que las mujeres reconozcan su valor propio y tomen decisiones conscientes. Sentir que no se está sola es, en última instancia, el factor determinante para recuperar la libertad y la capacidad de decisión frente a un vínculo destructivo.
Nuevas masculinidades: El hombre como parte de la solución
El reportaje no estaría completo sin mirar a quienes, históricamente, han sido los ejecutores o testigos silenciosos de la violencia. Leonardo García, director del Laboratorio Social de Género y Masculinidades, explica que el machismo es una jaula también para los hombres. El dato es demoledor: el 80% de los suicidios en Ecuador son de hombres. Esto responde a una masculinidad hegemónica que prohíbe la vulnerabilidad, el llanto y el pedido de ayuda.
Trabajar en “nuevas masculinidades” significa fomentar hombres corresponsables en las tareas del cuidado y emocionalmente alfabetizados. No se trata de un ataque al hombre, sino de una invitación a despojarse de la armadura de la agresividad. Cuando un hombre aprende a cuidar, no solo deja de violentar, sino que empieza a sanarse a sí mismo.
García señala que la falta de autocuidado también se traduce en enfermedades prevenibles y en problemas como el cáncer de próstata, que muchos hombres evitan tratar por miedo a perder su “hombría”. Por eso, promover la salud integral masculina es clave para reducir riesgos y fomentar la corresponsabilidad.
El poder del autocuidado y la red comunitaria
Frente a un sistema que a menudo falla, la resistencia de las mujeres se ha volcado hacia el autocuidado y la formación de redes. Sandra López, de la Fundación Gamma, explica que el autocuidado no es un concepto estético o de lujo; es un acto político. Implica reconocer las emociones y transformar los hábitos de vida dañados por el estrés postraumático que genera vivir en un entorno hostil.
Sin embargo, el silencio sigue siendo un muro alto. Margarita Carranco, de la Fundación Abriendo Caminos, revela que solo el 20% de las mujeres se atreven a denunciar, mientras el 80% restante calla por miedo, por dependencia económica o por el terror de que el sistema la revictimice. La asertividad, definida como la capacidad de poner límites sin culpa, surge como una herramienta de supervivencia que debe ser enseñada desde la escuela.
Las grietas del sistema: Juventudes, diversidad y el peso de la exclusión estructural
La violencia en Ecuador no es un evento fortuito, sino una construcción social que se gesta desde la infancia y se hace crítica en la adolescencia, etapa en la que casi el 24% de las mujeres jóvenes ya ha sufrido agresiones por parte de sus parejas, según la Organización Mundial de la Salud. Para Luis Cupichamba, coordinador de Agendas Juveniles de Imbabura, esta realidad se alimenta de roles rígidos y espacios de vulnerabilidad que las propias juventudes identifican en el hogar, las instituciones educativas y el primer empleo.
Este escenario de discriminación se agrava profundamente cuando se cruza con la diversidad sexo-genérica; según Danilo Manzano, cofundador de Diálogo Diverso, aunque el país ha logrado hitos normativos como la despenalización de la homosexualidad en 1997 y el matrimonio igualitario en 2019, la falta de políticas sostenidas permite que persistan violencias psicológicas, institucionales e incluso prácticas clandestinas de “deshomosexualización”. La situación alcanza niveles alarmantes bajo un enfoque interseccional: una persona puede enfrentar simultáneamente la exclusión por ser joven, diversa y migrante, una triple vulnerabilidad que Diálogo Diverso ha atendido en más de 65.000 casos integrales, evidenciando que la democracia ecuatoriana aún tiene una deuda pendiente con quienes habitan las periferias de la aceptación social.
Frente a este panorama, la respuesta no puede ser individual sino sistémica. Mientras las juventudes de Imbabura diseñan hojas de ruta colectivas para derribar jerarquías violentas, organizaciones como Diálogo Diverso impulsan redes latinoamericanas para visibilizar la migración LGBTIQ+ y sensibilizar a los tomadores de decisiones.
Cupichamba y Manzano coinciden en que el mayor desafío es desmontar la naturalización del maltrato y la resistencia social que todavía ve en la diversidad una amenaza. La prevención real exige que el Estado y la ciudadanía dejen de confiar solo en las leyes “en el papel” y comiencen a financiar políticas de educación digital, salud mental y protección humanitaria. Solo así, transformando los espacios públicos y privados en entornos de respeto innegociable, será posible que la información verificada y el acompañamiento humano cierren las brechas de poder, garantizando que la autonomía y la libertad no sean privilegios de unos pocos, sino una condición mínima de dignidad para toda la población.
La violencia de género en Ecuador es un fenómeno sistémico que drena la riqueza del país y mutila su futuro. Los USD 4.608 millones que se pierden anualmente son la prueba de que el machismo es el negocio más ruinoso de nuestra historia.
La prevención es la única vía para que los 137 niños que quedaron huérfanos este año sean los últimos en sufrir esa ausencia. Es tiempo de que el Estado, las empresas, los hombres, la sociedad civil y nosotros, los medios de comunicación, comprendamos que un Ecuador sin violencia no es solo un ideal romántico, es la única forma de garantizar un desarrollo sostenible, justo y, sobre todo, libre. La tarea es monumental, pero la voz ya ha sido alzada.
Post relacionados
