La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de 26 personas desaparecidas y seis mujeres buscadoras en el contexto del estado de excepción vigente en Ecuador. La decisión se adoptó el pasado 24 de diciembre y fue publicada oficialmente el 30 de este mes.
La solicitud fue presentada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, que pidió a la CIDH requerir al Estado ecuatoriano la adopción de medidas urgentes para proteger la vida e integridad personal de las personas desaparecidas, entre ellas seis menores de edad, así como de sus familiares.
Según el planteamiento de los solicitantes, tras la emisión del Decreto Ejecutivo 111 del 9 de enero de 2024, con el que se declaró la existencia de un conflicto armado interno, el despliegue de las Fuerzas Armadas en todo el país habría generado un contexto de militarización. En ese marco, denunciaron que el decreto promovió el uso de la fuerza letal bajo la justificación de “neutralizar” a grupos considerados terroristas. Esto, señalaron, habría derivado en desapariciones presuntamente atribuibles a agentes estatales.
La CIDH recogió en su informe que las 26 personas desaparecidas “habrían sido detenidas por miembros de las Fuerzas Armadas en distintos operativos durante 2024, sin que hasta la fecha se cuente con información policial sobre su suerte o paradero”, pese a las decisiones judiciales y denuncias presentadas por los familiares. Además, el organismo indicó que las familias, en particular las mujeres buscadoras, habrían sufrido amenazas e intimidaciones en el marco de sus labores de búsqueda.
Durante el análisis del caso, la Comisión solicitó información tanto a los peticionarios como al Estado ecuatoriano y evaluó de manera individual las situaciones. Tras este proceso, concluyó que los beneficiarios se encuentran en una situación de gravedad y urgencia.
Personas desaparecidas y mujeres buscadoras
En su resolución, la CIDH solicitó al Estado ecuatoriano que redoble los esfuerzos para determinar la situación y el paradero de las 26 personas desaparecidas y proteger sus derechos fundamentales. También pidió que facilite de manera inmediata toda la información disponible que permita conocer el destino de los beneficiarios.
Asimismo, la Comisión requirió la adopción de medidas específicas, con enfoque de género, para proteger la vida e integridad de las seis mujeres buscadoras identificadas: Lorena Jacqueline Roca Magallón, Wendy Gabriela Álvarez Chávez, la esposa de Jonathan Daniel Villón Velasco, Mercí Rocío García Bajaña, Mayra Álvarez Chávez y Jeniffer Pillajo Córdova. Entre las disposiciones, incluyó la atención a su salud física y mental, de forma concertada y voluntaria.
Finalmente, la CIDH solicitó al Estado informar sobre las acciones adoptadas para investigar con la debida diligencia los hechos que motivaron la adopción de las medidas cautelares y prevenir su repetición. El organismo aclaró que el otorgamiento de estas medidas no constituye un prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el Sistema Interamericano por posibles violaciones de derechos humanos.
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