Por: Wilson Benavides Vásquez, analista político
Las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de febrero de 2027 marcarán la dinámica política de este año que está empezando. Y lo harán en dos sentidos.
Por un lado, las primeras, constituyen un reto para el oficialista ADN de consolidarse como una fuerza partidista de carácter nacional, capaz de convencer a los electorados de las principales ciudades y provincias, varias de las que al momento son lideradas por autoridades de la Revolución Ciudadana (RC).
Por otro, que quienes busquen llegar al CPCCS en realidad cuenten con la independencia, la probidad y la solvencia profesional para sacar al país de la postración institucional en la que se encuentra con varias autoridades encargadas o prorrogadas en funciones debido a la ineptitud, negligencia o la primacía de intereses abiertamente políticos para bloquear los concursos públicos que deberían re encauzar la institucionalidad en su conjunto.
Los comicios locales también incidirán en la dinámica parlamentaria toda vez que varios legisladores seguramente dejarán sus escaños para postularse a las alcaldías o prefecturas de sus respectivos cantones o provincias, más aún cuando varios de ellos ya llevan dos periodos como asambleístas y -de acuerdo con la Constitución- ya no pueden postularse para el mismo cargo.
Sumado a ello, el enjuiciamiento político al presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, que se tramita en la Asamblea Nacional, podría marcar un punto de inflexión al interior de la bancada oficialista que al momento ha presentado una propuesta de reforma al Código Integral Penal relacionada con la libertad de expresión, al tiempo que ha anunciado un intento de fiscalizar la adquisición de trolebuses eléctricos por parte del alcalde de Quito, Pabel Muñoz (RC), pese a que las autoridades locales no están sujetas a la fiscalización del parlamento.
A simple vista, parecería que ambos temas (reformas al COIP y fiscalización al alcalde) constituirían una suerte de “cortina de humo” sobre el proceso emprendido contra Godoy, ya que es obvio que si el gobierno pierde influencia sobre el CJ su nivel de incidencia en todo el sistema de justicia se verá menoscabado. No es nuevo, por cierto, que todos los gobiernos hayan intentado tener personas afines frente a ese organismo clave, pero también es urgente -y no solo a nivel conceptual- que el CJ sea absolutamente independiente del poder político, algo que hasta el momento no es más que una simple quimera.
Elecciones locales, procesos de fiscalización y altisonantes anuncios de reformas legales constituyen así la dinámica política con la que inicia este 2026. Seremos los ciudadanos en los urnas entonces, quienes ratifiquemos la continuidad o el cambio de esta lógica.
La opinión de Wilson Benavides
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