El Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió inadmitir, por segunda vez, la solicitud de juicio político contra cinco consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), presentada por el asambleísta Luis Fernando Molina (Revolución Ciudadana). La decisión se adoptó este viernes tras detectar “graves inconsistencias técnicas en el cumplimiento de los requisitos de validez”.
Con seis votos a favor, el CAL cerró nuevamente la puerta al pedido presentado por el asambleísta de la bancada Revolución Ciudadana, Luis Molina, en contra de Andrés Fantoni (presidente del Cpccs), Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez Castro, David Rosero y Piedad Cuarán, señalados por presuntas irregularidades en el proceso de designación de los vocales del Consejo de la Judicatura, que culminó con la elección de Mario Godoy como presidente de ese organismo.
Fundamento legal de la inadmisión
De acuerdo con un comunicado difundido por la Asamblea Nacional, la resolución se basó en el incumplimiento del artículo 131 de la Constitución y de los artículos 78 y 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). El CAL acogió el informe técnico-jurídico no vinculante de la Unidad Técnica Legislativa (UTL), que concluyó que el pedido no cumplía con los requisitos mínimos de validez para ser tramitado.
Durante la verificación, la UTL determinó que el documento principal no contaba con la firma electrónica del proponente, la cual solo constaba en un memorando del DTS, lo que impide acreditar de forma expresa la voluntad del solicitante, en contravención del artículo 79 de la LOFL.
Además, de las 46 firmas electrónicas presentadas como respaldo, 15 fueron declaradas inválidas tras la validación en las plataformas oficiales FirmaEC y Security Data, por presentar “problemas de integridad” o ser “inválidas”. A ello se sumó un caso de falta de principalización, al no incluirse la documentación correspondiente del asambleísta respectivo.
Según el comunicado, tras excluir las firmas con inconsistencias, el respaldo efectivo se redujo a 30 firmas válidas, por debajo del mínimo legal (una cuarta parte de la Asamblea) requerido para activar un juicio político. Por este motivo, el CAL declaró improcedente la solicitud desde el punto de vista formal, sin entrar al análisis de fondo de las acusaciones.
RC anuncia tercer intento
Molina había argumentado que las presuntas acciones y omisiones de los consejeros vulneraron principios constitucionales como legalidad, probidad, mérito, transparencia y seguridad jurídica, y que habrían comprometido la institucionalidad. Tras conocerse la decisión, el legislador cuestionó al CAL y anunció que presentará un tercer pedido de juicio político, con ampliación de cargos.
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