El jurista Juan Pablo Albán anticipó su extrañeza por la rapidez con la que, a su juicio, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia convocó para este lunes 12 de octubre, a reinstalación de la audiencia de juicio en el denominado caso Singüe. “Veo mucho apuro en llevar a cabo esta audiencia, en vista que ninguno de los acusados tiene prisión preventiva (no hay riesgo de caducidad). Además que el fiscal subrogante tiene problemas de salud, y no hay las condiciones adecuadas para llevar adelante la diligencia de modo presencial”.
Este proceso tiene que ver con supuestas irregularidades en la adjudicación del campo Singüe al consorcio integrado por las empresas Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cía. Ltda., y Gente Oil Development (DCG). La teoría de la Fiscalía sostiene que dicho contrato provocó un perjuicio de más de $5 millones al Estado. Así, la Fiscalía vinculó en este caso al exvicepresidente Jorge Glas, en su condición de Ex Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos; a los exministros Carlos Pareja Yanuzzelli y Wilson Pastor; la apoderada de Gente Oil, Silvana Pastor; y varios funcionarios de los comités de adjudicación y contratación de la época.
En entrevista con el noticiero A Primera Hora, de Majestad radio, Juan Pablo Albán, quien se sumó al equipo jurídico que patrocina la defensa de Silvana Pastor, advirtió que la acusación no tiene sentido. Explicó que ella no es accionista de Gente Oil y que no recibió beneficio alguno de la concesión. Y mencionó que desde el propio Estado, hay posturas que develan que el contrato sí fue beneficioso.
Albán destacó un informe de la Procuraduría, que asegura que el contrato con el consorcio DCG fue lícito y legal. Y otro, del entonces Ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez García, que certificó a la Fiscalía que no existe perjuicio contra el Estado.
