El presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 334, con el que incorpora la requisición de bienes y servicios lícitos como una nueva medida en el marco del estado de excepción y el toque de queda en varias provincias del país.
La disposición reforma los decretos anteriores relacionados con la emergencia de seguridad y establece que el Estado podrá disponer de recursos logísticos de forma temporal para garantizar la continuidad de los servicios esenciales, la seguridad ciudadana y el orden público.
Según el decreto, la requisición se aplicará únicamente en casos de necesidad urgente, cuando los mecanismos ordinarios —como contratación pública o provisión regular— resulten insuficientes para responder con rapidez a situaciones críticas.
El documento señala que esta medida permitirá al Estado acceder de forma inmediata a bienes como vehículos, combustible, equipos de comunicación o maquinaria, indispensables para operativos de seguridad, evacuación, control territorial o atención de emergencias.
El Ejecutivo establece que la requisición:
- Será temporal y focalizada
- Aplicará solo sobre bienes y servicios de origen lícito
- Deberá estar debidamente motivada y documentada
- Incluirá registro, control y trazabilidad
- Garantizará la devolución o compensación económica a los propietarios
El decreto enfatiza que esta figura no constituye una confiscación, sino una afectación transitoria para atender necesidades operativas del Estado en un contexto excepcional.
Contexto del estado de excepción
La medida se enmarca en el estado de excepción declarado inicialmente en diciembre de 2025 y renovado en febrero de 2026, al que posteriormente se añadieron restricciones como el toque de queda nocturno en varias provincias.
Con esta nueva reforma, el Gobierno busca fortalecer la capacidad operativa del denominado Bloque de Seguridad frente al crimen organizado, en un escenario donde —según el decreto— la urgencia de las intervenciones requiere recursos inmediatos que no pueden ser obtenidos por vías ordinarias.
Ejecución y control
El cumplimiento del decreto estará a cargo del Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, en coordinación con otras entidades del Estado. Además, la medida fue notificada a la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional y organismos internacionales.
El Ejecutivo sostiene que la requisición cumple con los criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, al ser una herramienta de “última ratio” para garantizar la protección de la población y el restablecimiento del orden público.
Post relacionados
