El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, acudió este 24 de marzo a la Fiscalía General del Estado para rendir su versión dentro de la investigación por la adquisición de 60 trolebuses eléctricos, proceso que se originó a partir de un informe de la Contraloría General del Estado.
A su salida del Ministerio Público, el burgomaestre defendió su actuación y aseguró que no existen irregularidades en el proceso. “Hemos dado toda la explicación que la Fiscalía nos ha requerido sobre la base de un erróneo, tremendamente erróneo informe de la Contraloría”, afirmó.
Muñoz sostuvo que su comparecencia tuvo como objetivo aclarar su participación en el convenio suscrito con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops). “He venido a esclarecer cuál ha sido mi participación en el marco de cooperación que ha tenido el municipio con la Oficina de Naciones Unidas”, señaló, subrayando que su rol se limitó a la firma de un memorando de entendimiento.
Cuestionamientos al informe de Contraloría
El alcalde criticó el contenido del informe que dio origen a la indagación, al considerar que no comprende el funcionamiento de los mecanismos de cooperación internacional. “Prácticamente no entiende nada de lo que ha señalado ahí, tiene un conjunto de vulneraciones”, sostuvo.
En esa línea, insistió en que no existen elementos que sustenten responsabilidades legales o técnicas. “Desde nuestro punto de vista, no encontrar ningún indicio que supusiera alguna falla legal, técnica o presupuestaria del proyecto, deberían archivar este equivocado inicio de investigación”, dijo.
Muñoz también calificó como un “bochorno internacional” la posibilidad de investigar un presunto delito de peculado en un proyecto ejecutado con una agencia de la ONU. “Se llega a plantear la posibilidad de existencia de una figura de peculado nada más y nada menos que con las Naciones Unidas”, cuestionó.
Defensa insiste en error y pide archivo del caso
El abogado del alcalde, Carlos Soria, sostuvo que la indagación previa se originó en “un error completamente falaz” del informe de Contraloría y atribuyó el proceso a una falta de comprensión sobre los convenios de cooperación internacional.
Según explicó, organismos como la Unops operan en más de 130 países y están especializados en la implementación de proyectos complejos, como el sistema de movilidad eléctrica de Quito. Además, reiteró que, una vez que se incorpore toda la documentación, la Fiscalía debería archivar la causa.
Resultados del proyecto y argumentos técnicos
El alcalde también defendió los resultados del proyecto de modernización del sistema de transporte eléctrico. Indicó que los nuevos trolebuses ya han registrado más de 25 millones de viajes y han generado ahorros superiores a los USD 6 millones para la ciudad.
Explicó que estos resultados se deben, entre otros factores, al uso de infraestructura existente y a la reducción del consumo de diésel. “Los trolebuses están aquí, sirven a la ciudadanía y han permitido mejorar la eficiencia operativa, que pasó de cerca del 54 % a alrededor del 95 %”, afirmó.
Muñoz agregó que el proceso cumplió con los requisitos legales, técnicos y presupuestarios, al tratarse de una licitación internacional liderada por la Unops. Además, recordó que mecanismos similares han sido utilizados en otras entidades del Estado, como en la adquisición de ambulancias.
El alcalde insistió en que el proceso carece de sustento técnico y jurídico. “Lo técnico está absolutamente claro, lo jurídico está absolutamente claro”, afirmó, al tiempo que señaló que la investigación presenta “ribetes de persecución política”.
Finalmente, cuestionó que la indagación avance pese a que el convenio aún no ha sido liquidado, lo que —según dijo— impide establecer conclusiones definitivas sobre el proyecto.
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