Unidad Popular rechazó la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de iniciar el proceso de cancelación del partido y calificó la medida como un “apagón a la democracia” y un “intento de proscribir a la oposición”.

El director nacional del partido político, Giovanny Atarihuana, cuestionó el informe aprobado por el organismo electoral, asegurando que carece de sustento técnico y jurídico. El dirigente aseguró que la organización se defenderá en todas las instancias legales.

El dirigente también rechazó la reducción del número de afiliados atribuida en el informe, que —según dijo— pasa de más de 206.000 a cerca de 31.000 sin explicación técnica.

CNE aprueba informe para cancelar a dos organizaciones

El pleno del CNE aprobó este jueves, en un quinto intento, el informe que recomienda la cancelación de Unidad Popular y Construye. La decisión contó con los votos de Diana Atamaint, Cristina Kronfle y José Merino, mientras que José Cabrera se abstuvo. Ambas organizaciones tendrán un plazo de 10 días para presentar sus pruebas de descargo.

Según el organismo electoral, los movimientos no cumplen con el mínimo de afiliados requerido para mantenerse en el Registro Permanente de Organizaciones Políticas, lo que constituye una causal de cancelación conforme al artículo 327 del Código de la Democracia.

Acusaciones contra el Gobierno y el proceso

Atarihuana vinculó la decisión con el presidente Daniel Noboa y con la presidenta del CNE, a quienes acusó de impulsar una estrategia para excluir adversarios políticos.

Según su versión, el proceso se habría acelerado tras declaraciones del mandatario el pasado 20 de marzo, y denunció la remoción de un funcionario técnico que —aseguró— se negó a firmar el informe.

“El apagón a la democracia que está orquestando Daniel Novoa y su brazo ejecutor Diana Atamaint no va a pasar”, sostuvo.

Falta de consenso previo en el organismo electoral

El análisis de los informes generó tensiones dentro del CNE en días anteriores. El primer intento de aprobar la cancelación, el 20 de marzo, no alcanzó los votos necesarios.

Posteriormente, una nueva sesión no pudo instalarse por falta de quórum, lo que evidenció divisiones internas en el organismo electoral antes de que finalmente se aprobara el informe.

El proceso de cancelación continuará con la etapa de presentación de pruebas por parte de las organizaciones políticas, que buscan evitar su eliminación definitiva del registro electoral.

La resolución se sustenta en el incumplimiento del número mínimo de afiliados exigido por la normativa vigente.