Por: Wilson Benavides Vásquez, analista político
“Democracia si, dictadura no”, fue la consigna de sectores medios intelectuales y populares a finales de la década de los 70 cuando el Ecuador fue el primer país de la región en retornar al régimen democrático, luego de una dictadura de siete años, instalada para frenar el último intento del caudillo populista, José María Velasco Ibarra, de permanecer en el poder en su quinto mandato.
Casi medio siglo después, esa consigna está hoy más vigente que nunca. La decisión del CNE de “actualizar el calendario electoral” modificando el día del sufragio de los comicios locales y del CPCCS del 14 de febrero de 2027 como se aprobó inicialmente y fijarlo para al próximo 29 de noviembre levanta sospechas de fondo respecto de la relación entre el poder político de turno y este organismo.
Es inaudito que sean instituciones externas a la Función Electoral las que incidan directamente en la dinámica de los procesos democráticos en Ecuador, y más aún cuando éstas dependen directamente del Ejecutivo.
En la segunda vuelta de los comicios generales del 2025, por ejemplo, fueron los “informes reservados” de la Dirección General de Inteligencia (DGI) de la Policía, de la Secretaría de Inteligencia (Senain) y del Comando Conjunto de las FF.AA. los que “sugirieron” que se impida a los electores tomar fotografías de sus votos en las papeletas, y así lo acogió el CNE, aprobando un reglamento a última hora.
Hoy, es un informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos que prevé -con un año de anticipación- un invierno de impredecibles consecuencias, el sustento “técnico” en el que se ampara la decisión del máximo órgano administrativo electoral para modificar la fecha del sufragio, pero curiosamente mantener la de proclamación de resultados para el próximo año, tal como manda la Constitución y el Código de la Democracia.
El argumento en una entrevista en Teleamazonas este 30 de marzo de la presidenta Atamaint de que las elecciones no son las votaciones no convenció a nadie y más bien la ha convertido en objeto de burla, especialmente en redes sociales. Misma suerte corrió el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, en Ecuavisa.
En la práctica, con la principal fuerza de oposición (Revolución Ciudadana) suspendida por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) del Registro Permanente de Organizaciones Políticas y dos organizaciones más en proceso de desaparición (Construye y Unidad Popular) en el CNE, es imposible no correlacionar estas decisiones con la influencia directa del Ejecutivo en la Función Electoral, algo que ya ha sido alertado y condenado por una multiplicidad de actores políticos y académicos, que ven en estas actuaciones un severo riesgo no solo para las organizaciones proscritas sino para la democracia en su conjunto.
Es público el posible conflicto de intereses entre la presidenta del CNE, Diana ATamaint, con el gobierno del presidente, Daniel Noboa, en la medida en que su hermano, Kar Atamaint, es -según los registros del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana- el actual cónsul de nuestro país en la ciudad estadounidense de Queens.
Pero más allá de lo epidérmico y de las permanentes declaraciones y aclaraciones de las autoridades electorales, es claro que el actual CNE que fue posesionado en el año 2018 y se encuentra prorrogado en funciones por la falta del concurso para la renovación parcial de este organismo a cargo del CPCCS, es el único cuerpo colegiado que no ha sucumbido a una implosión interna ni tampoco ha sido removido por la Asamblea Nacional donde está representada nuestra clase política.
Esto último devela también que las actuales autoridades del CNE han sido absolutamente funcionales al status quo vigente y el único intento de enjuiciamiento político se inició hace seis años en 2020, por los entonces legisladores del movimiento CREO, Jeannine Cruz y Fernando Flores, pero quedó en nada.
Sumado ello, es curioso también como una mujer indígena amazónica, al igual que en su momento una afrodescendiente desde la Fiscalía General, ha sido en la práctica, el sostén concreto del post correísmo. Diana Atamaint definiendo quién entra a la cancha electoral y su tocaya y ex fiscal, Diana Salazar, señalando quienes son los “buenos” y quienes los “malos” de la palestra pública ecuatoriana.
Si juegas con árbitro comprado por una de las partes y en una cancha totalmente inclinada (donde el CNE por ejemplo no le exigió al presidente Noboa pedir licencia para realizar sus actividades proselitistas en la campaña 2025), es evidente que las elecciones libres, justas y competitivas de las que habla la ciencia política no solo no se concretarán en la práctica, sino su ausencia allanará el camino para el establecimiento de un régimen autoritario de partido único, algo hasta hace pocos años temido y condenado, por los sectores de la opinión pública que curiosamente hoy miran hacia otro lado.
El CNE, ¿estará a la altura de las circunstancias históricas o más bien sucumbirá a intereses corporativistas apalancados en lógicas que a todas luces están minando los cimientos del sistema democrático ecuatoriano? ¿Democracia sí, dictadura no?
Post relacionados
