La jueza Ivonne Coloma calificó como “prematura” la impugnación presentada por la organización política. El Tribunal determinó que el proceso administrativo en el CNE aún no termina y debe cumplir todas sus etapas legales.
Un revés judicial por falta de oportunidad procesal
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) rechazó el intento de Unidad Popular por detener el proceso de extinción de su personería jurídica. La magistrada Ivonne Coloma Peralta resolvió inadmitir el recurso el pasado 6 de abril de 2026.
La sentencia argumenta que la organización interpuso la acción de forma anticipada. Según el dictamen, el procedimiento impulsado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) todavía se encuentra en una fase administrativa abierta.
El fallo subraya que un recurso subjetivo contencioso solo procede ante actos definitivos que afecten derechos concretos. En este escenario, el Tribunal considera que aún no existe una resolución final sobre la cancelación del partido.
Argumentos de la dirigencia y respuesta del Tribunal
Geovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular, solicitó originalmente la nulidad de la resolución del CNE. El dirigente sostuvo que el proceso carecía de motivación y vulneraba la seguridad jurídica de su militancia.
Sin embargo, el TCE no analizó el fondo de estos cuestionamientos tras revisar el expediente y las ampliaciones del 4 de abril. La jueza Coloma concluyó que la impugnación se presentó fuera del momento procesal oportuno.
El dictamen judicial ratifica que la resolución del organismo electoral no constituye un acto firme. Por el contrario, representa apenas el inicio de un expediente que sigue su curso bajo la normativa vigente.
El origen del conflicto y los plazos legales
La disputa legal comenzó el 26 de marzo de 2026. El Pleno del CNE aprobó ese día iniciar el trámite de cancelación basado en el artículo 327 del Código de la Democracia.
Actualmente, el proceso contempla un periodo probatorio de 10 días para que el partido presente sus descargos y alegaciones. Solo después de un informe técnico-jurídico, el CNE emitirá una decisión definitiva sobre la permanencia del partido.
Atarihuana denunció que el organismo electoral excedió los tiempos legales para resolver y notificar esta medida. Según el calendario, el plazo máximo para emitir cancelaciones vencía el pasado viernes 3 de abril de 2026.
Escenario electoral incierto
La ley electoral prohíbe emitir resoluciones de cancelación 120 días antes de la convocatoria a elecciones generales. Con la convocatoria fijada para el 1 de agosto, el tiempo para una decisión final resulta extremadamente ajustado.
Unidad Popular sostiene que el trámite debe archivarse por haberse cumplido los términos legales de resolución. Mientras tanto, el CNE también mantiene procesos similares contra otras organizaciones políticas, como el movimiento Construye.
La decisión del TCE obliga a Unidad Popular a agotar la vía administrativa antes de volver a las instancias judiciales. El futuro de la organización dependerá de la resolución final que el Pleno del CNE adopte en las próximas semanas.
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