La bancada del movimiento Revolución Ciudadana anunció este martes la expulsión “inmediata” de la asambleísta Annie Muñoz Aroca, tras su oposición a la principalización de la legisladora titular Priscila Schettini.
En un comunicado difundido en su cuenta en la rred social X, el bloque argumentó que la decisión responde a una vulneración grave de sus principios internos.
“Sus actuaciones vulneran de forma grave los principios éticos, políticos y democráticos que rigen nuestro accionar como organización”, señaló el pronunciamiento.
La organización política sostuvo que no permitirá acciones que desconozcan el mandato ciudadano. “La Bancada Ciudadana no tolerará que, desde su propio bloque, se desconozca el mandato popular expresado en las urnas”, enfatizó.
Asimismo, advirtió que lo ocurrido “constituye una falta inaceptable que debilita la institucionalidad y la representación legítima del pueblo”.
Disputa por curul
El conflicto se originó tras un oficio remitido el 2 de marzo por Muñoz, en el que se opuso a la principalización de Schettini, quien había recuperado sus derechos políticos luego de una suspensión dictada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Durante ese periodo, el curul fue ocupado primero por el alterno Santiago Díaz y posteriormente por Muñoz, quien fue principalizada tras la detención de Díaz en un proceso judicial.
La bancada también cuestionó la actuación del Consejo de Administración Legislativa (CAL), al que calificó de ilegal, y exigió la restitución inmediata de Schettini.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, la ética pública y el respeto a la voluntad popular”, indicó el bloque en su comunicado.
El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, solicitó un informe a la Procuraduría General del Estado para aclarar el procedimiento. La entidad señaló que, cuando un alterno es principalizado de forma definitiva, asume plenamente el cargo hasta el final del periodo legislativo.
Sin embargo, Schettini sostiene que su reemplazo no cumplía las condiciones de ausencia definitiva, por lo que considera que la decisión del CAL carece de legitimidad.
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