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Judicatura destituye a jueza Nubia Vera por “manifiesta negligencia” en funciones

Judicatura destituye a jueza Nubia Vera por “manifiesta negligencia” en funciones

El Consejo de la Judicatura resolvió la destitución de la jueza Nubia Vera, de la Unidad Judicial de Familia de Quito, tras determinar su responsabilidad por manifiesta negligencia en el ejercicio de sus funciones. La decisión se adoptó la noche del jueves, 7 de mayo, durante una sesión del pleno.

Se trata de una de las primeras decisiones disciplinarias relevantes bajo la presidencia de Mercedes Caicedo, quien asumió el cargo el pasado 29 de abril.

Irregularidades en una acción de protección

El sumario disciplinario se originó por una queja presentada por el procurador judicial de la empresa Conwor S.A., que denunció irregularidades en la tramitación de una acción de protección.

Según el análisis técnico del organismo, basado en un pronunciamiento previo de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vera incumplió el debido proceso al no calificar medidas cautelares dentro del auto de calificación de la demanda.

De acuerdo con el expediente, la entonces jueza concedió dichas medidas de forma oral y extemporánea durante una audiencia realizada el 6 de diciembre de 2023, que posteriormente suspendió. Esto generó una paralización del proceso por cerca de 13 meses, afectando la naturaleza ágil de las garantías constitucionales.

Caso independiente del conflicto con Abad

El Consejo de la Judicatura aclaró que la sanción no está vinculada directamente con las decisiones de Vera en el caso de Verónica Abad, donde la jueza aceptó una acción de protección que dejó sin efecto una suspensión impuesta por el Ministerio de Trabajo.

Sin embargo, ese fallo colocó a Vera en el centro del debate público, especialmente tras denunciar presuntas presiones del entonces presidente del organismo, Mario Godoy, quien posteriormente renunció y fue censurado por la Asamblea Nacional.

A la par de la destitución, Vera enfrenta un proceso penal por presunta concusión en el denominado caso “Mueble Fino”. La Fiscalía General del Estado la acusa de haber solicitado beneficios indebidos, como mobiliario y consumos en establecimientos de lujo, a cambio de decisiones judiciales favorables.

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