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RC denuncia a fiscal del caso Caja Chica e insiste en que suspensión del movimiento fue ilegal

RC denuncia a fiscal del caso Caja Chica e insiste en que suspensión del movimiento fue ilegal

El movimiento Revolución Ciudadana (RC) presentó una denuncia por presunto fraude procesal contra la fiscal que impulsó su suspensión, en el marco del caso denominado “Caja Chica”, que investiga un supuesto esquema de lavado de activos.

La presidenta de la RC, Gabriela Rivadeneira, acudió el miércoles, 13 de mayo, a la Fiscalía General del Estado junto a su equipo legal para formalizar la acción, en la que solicita investigar a la propia institución por presuntas irregularidades en el proceso.

Rivadeneira insistió en que la suspensión del movimiento es “ilegal e ilegítima” y advirtió que se estaría utilizando la justicia con fines políticos.

“No podemos normalizar que la justicia se utilice como herramienta para eliminar adversarios políticos y manipular la contienda electoral. Quieren quedarse solos en la papeleta, sin oposición y sin democracia”, señaló.

Según la dirigente, el pedido de suspensión habría afectado el derecho a la participación política y podría configurar delitos como fraude procesal y asociación ilícita.

Caso “Caja Chica” y suspensión

La denuncia se dirige contra la fiscal Judith Bonilla, delegada del fiscal general Carlos Alarcón, quien solicitó al Tribunal Contencioso Electoral la suspensión del movimiento mientras avanzan las investigaciones.

El caso “Caja Chica” indaga el presunto ingreso de dinero desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023 de figuras del correísmo, como Luisa González y Andrés Arauz.

Con base en ese proceso, el TCE acogió el pedido y el Consejo Nacional Electoral ratificó la medida, retirando la personería jurídica de la organización por nueve meses.

Disputa legal en curso

La Revolución Ciudadana ha cuestionado previamente la legalidad del procedimiento, argumentando que la solicitud de suspensión debía ser presentada exclusivamente por el fiscal general.

Sin embargo, el Tribunal Contencioso Electoral rechazó ese planteamiento y mantuvo vigente la medida mientras continúan las indagaciones. El caso se desarrolla en un contexto de tensión política de cara a los próximos procesos electorales.

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