La Fiscalía General del Estado pidió prisión preventiva para 21 procesados en el denominado caso Apagón, entre ellos el exministro de Energía, Antonio Gonçalves, por un presunto perjuicio al Estado de más de USD 104 millones.
La audiencia de formulación de cargos se reinstaló este viernes, 15 de mayo, en la Corte Nacional de Justicia, en Quito.
El fiscal general subrogante, Carlos Leonardo Alarcón, argumentó que existen elementos de convicción suficientes que evidenciarían la participación de los investigados en irregularidades relacionadas con la contratación emergente de los proyectos energéticos Quevedo y Salitral.
Según la investigación, funcionarios públicos del sector eléctrico habrían aprovechado el contexto de déficit energético para omitir procedimientos legales en las fases precontractual, contractual y de ejecución, con el fin de favorecer a la empresa Progen Industries, que no habría cumplido con las especificaciones técnicas.
El caso también involucra al exgerente de Celec EP, Fabián Calero, así como a exintegrantes de comisiones técnicas, funcionarios de unidades de negocio y responsables de procesos administrativos vinculados a la adjudicación.
Además, la Fiscalía solicitó la difusión roja de Interpol para la localización y captura de Williamson Andrew Scott, representante de Progen, y Karla Saud Calero, señalada como intermediaria.
El presunto perjuicio al Estado asciende a USD 104 millones, relacionado con la adquisición de 50 generadores eléctricos a la empresa estadounidense en 2024.
Como parte de las medidas cautelares, el Ministerio Público también pidió la inmovilización de bienes, cuentas, pólizas e inversiones por USD 27.600 para cada procesado.
La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días. La audiencia fue suspendida y se reinstalará el miércoles 20 de mayo a las 08:30, cuando se prevé que las defensas de los procesados presenten sus argumentos.
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